La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos es un tema que está actualmente en el candelero, donde supuestamente los trabajadores de la misma rechazan integrarse en la plantilla de TRAGSA.
Este escenario mediático que se está montando alrededor de esta situación es bastante dudoso porque principalmente se tendría que exponer si es legal o no que la ciudad haya estado concediendo tres millones de euros sin sacar a licitación los servicios que prestan estas brigadas a la ciudad. Licitación consistente en publicar sus correspondientes pliegos de condiciones por parte del ente interesado en la contratación de estos servicios. En estos pliegos deben figurar todos los requisitos para que en el caso de que existan distintas ofertas, enviar una propuesta acorde. Con todas las propuestas recibidas, la parte contratante selecciona y adjudica la que considera más óptima, porque no se le tiene que olvidar a la ciudad de que se trata de dinero público.
Regularizada esta situación, queda claro que la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos no puede seguir siendo una opción para estos trabajadores, ya que es una ilegalidad. Esto es un suma y sigue de irregularidades y mi pregunta es si la ciudad en algún momento se ha preocupado de supervisar que las personas que están al frente de esta federación y que gestionan las cuentas de la misma tienen la preparación y estudios adecuados para desarrollar estas funciones.
Y las preguntas del millón son si habrá mejoras en las condiciones laborales en el caso de pasar a TRAGSA y si existirá alguna actualización en sus sueldos. Según el consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Dris las repuestas son un sí rotundo a ambas. Desde hace quince años perciben el mismo salario, pero en cambio resulta bastante llamativo que la directiva de esta federación cuente con unos sueldos desorbitados.
Para finalizar con este culebrón de las Brigadas Verdes, añadir que los únicos perjudicados verdaderamente son los trabajadores que día a día van a sus puestos de trabajo y perciben unos sueldos tercermundistas mientras otros viven de forma holgada y sin pegar palo al agua, también preguntar a las otras formaciones políticas el porqué no han denunciado que la ciudad no haya sacado a concurso este servicio.
Es un gran pastel de 3 millones de euros muy sabroso con el que se deleitan algunos sin mostrar el más mínimo pudor al tratarse de dinero público.
