“Llevamos 32 reformas del actual Código Penal, sin que exista ningún informe de gasto público de lo que supone la gestión penitenciaria. Estas reformas han generado un aumento de las cargas de trabajo y de la penosidad, que el personal penitenciario viene asumiendo con menos efectivos, con un déficit estructural de 3.400 plazas vacantes presupuestadas sin cubrir, y con un grave problema de envejecimiento —la edad media de la plantilla es de 52 años—, lo que implica una mayor pérdida de empleo que lleva al colapso de este servicio público”, critica el sindicato.
Para CCOO, en este contexto, el mandato constitucional de la reinserción se ha convertido en una mera declaración de intenciones y, como reconoce el defensor del Pueblo y manifiesta CCOO, resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de las personas internas y la propia salud de las trabajadoras y trabajadores.
Además, la Administración costea los gastos derivados de la ejecución de condenas recortando en un 65% el presupuesto en formación, en un 75% la acción social, eliminando la carrera profesional o los concursos de traslados anuales.
“Llevamos 13 años sin posibilidad de negociar un acuerdo de mejora de las condiciones laborales, acorde al incremento de responsabilidades y cargas de trabajo”. El personal penitenciario ha sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 14%, que además se ve agravada por la existencia de brechas salariales entre trabajadoras y trabajadores penitenciarios que, realizando las mismas funciones, cobran salarios distintos dentro de la propia Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior, en función el centro penitenciario donde desarrollen su trabajo.
CCOO afirma que una gestión penitenciaria responsable pasa por modernizar la Institución Penitenciaria, teniendo como eje de la misma al personal público necesario, reconociendo su profesionalidad, adecuando sus retribuciones, definiendo las cargas de trabajo, mejorando la clasificación de los reclusos y disponiendo de un control estadístico veraz con los parámetros esenciales en una política de reinserción como patologías mentales, reincidencia, discapacidades, etc.
CCOO apunta que hoy el sistema penitenciario español está en una profunda involución, cuyos exponentes más claros pueden ser las tasas de reincidencia en torno al 37%, el elevado índice de mortalidad en prisión que ha dejado 156 muertes en el 2017, o la pandemia de la elevada siniestralidad laboral que sufre el colectivo penitenciario y que nos sitúa a la cabeza de Europa, donde las agresiones se han convertido en un problema de salud pública, con cerca de 500 agresiones físicas y 10.000 psicológicas al personal cada año.
“Esta profunda crisis del servicio público de prisiones es la que ha llevado a su personal a tener un conflicto laboral intenso, que se viene manteniendo con los diferentes Gobiernos y que obliga a CCOO a no celebrar este día 24 de septiembre. Lo que deseamos celebrar es la negociación y un acuerdo que atienda las demandas presentadas por CCOO y el resto de sindicatos de la plataforma sindical, como punto de partida para modernizar y hacer más eficiente la Institución Penitenciaria española”.
