El Gobierno destina más de 331.000 euros a Ceuta y Melilla para reforzar la salud bucodental
La inversión, canalizada a través del INGESA, busca ampliar la cobertura dental en menores, embarazadas, mayores y pacientes oncológicos
El Gobierno ha aprobado una nueva inversión de 331.437 euros destinada a Ceuta y Melilla a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para seguir ampliando la cartera pública de salud bucodental en ambas ciudades autónomas.
La medida, autorizada este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad, forma parte de un reparto estatal de más de 60 millones de euros destinado a reforzar la atención dental dentro del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo pasa por seguir ampliando la cobertura en colectivos considerados prioritarios y avanzar además en la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevos beneficiarios de estas prestaciones públicas.
Más cobertura para menores, embarazadas y pacientes vulnerables
La estrategia impulsada por Sanidad pone el foco especialmente en población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales.
Según los datos facilitados por el Ministerio, durante el último año la cobertura de atención bucodental alcanzó ya al 30,4% de la población infantojuvenil, lo que supone un incremento de más de cinco puntos respecto al ejercicio anterior.
En el caso de las mujeres embarazadas, la cobertura actual se sitúa en torno al 25%, mientras que la incorporación de los mayores de 65 años, iniciada en 2025, alcanza ya un primer nivel cercano al 3%.
La nueva inversión busca precisamente consolidar y ampliar estos porcentajes en los próximos años.
Una de las enfermedades más extendidas del mundo
Desde el Ministerio recuerdan que la Organización Mundial de la Salud estima que más de 3.500 millones de personas padecen enfermedades bucodentales, consideradas una de las patologías no transmisibles más frecuentes a nivel mundial.
Además, numerosos estudios vinculan directamente la salud oral con factores socioeconómicos y con el acceso desigual a tratamientos preventivos y asistenciales.
Por ello, la ampliación de la cartera pública de salud bucodental se ha convertido en una de las líneas estratégicas acordadas dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para reforzar la equidad sanitaria entre territorios.
Fondos hasta 2028 y seguimiento del programa
El acuerdo aprobado establece que los fondos deberán ejecutarse hasta el año 2028 y que tanto las comunidades autónomas como el INGESA tendrán que remitir información periódica sobre el grado de ejecución, la cobertura alcanzada y la actividad desarrollada.
La distribución económica también incorpora criterios específicos vinculados al peso poblacional de colectivos prioritarios, como menores de entre 0 y 14 años, embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes oncológicos cervicofaciales.