“Nuestros hijos no pueden esperar más”: TDAH Ceuta denuncia al INGESA ante la Fiscalía de Menores
La asociación TDAH Ceuta ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra INGESA tras años de promesas incumplidas, falta de especialistas y la ausencia de una Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. “Cada día que pasa sin soluciones hay niños que empeoran”, advierten.
No es un gesto simbólico. Es un grito desesperado. La asociación TDAH Ceuta ha presentado este jueves una denuncia formal ante la Fiscalía de Menores contra el INGESA por lo que califican como “una dejación de funciones de graves consecuencias” para la salud de los menores con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y otras condiciones del neurodesarrollo en la ciudad.
“Como madres, padres y familiares de niños, niñas y adolescentes con TDAH y otras condiciones del neurodesarrollo, hemos decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra el INGESA de Ceuta”, ha explicado Holaya Abdellah Mohamed, presidenta de la asociación, a las puertas de los Juzgados.
Una lucha desde 2018 sin respuesta
El escrito presentado ante la Fiscalía detalla que desde 2018, TDAH Ceuta ha solicitado de manera formal la creación de una Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, un compromiso que INGESA anunció públicamente ese mismo año, pero que, a día de hoy, julio de 2025, no se ha materializado.
Durante este tiempo, denuncian, ha habido largos periodos de desatención médica especializada, incluyendo situaciones sin psiquiatra infantil activo durante meses. En 2021, la ciudad estuvo cuatro meses sin profesional especializado y desde marzo de 2025 no hay ningún psiquiatra infantil en activo.
“Actualmente no hay continuidad asistencial ni sustituciones previstas. Se han cancelado citas, interrumpido tratamientos y dejado diagnósticos a medias. Y lo más grave: se han derivado casos a médicos de familia que no tienen competencias legales ni técnicas para prescribir medicación psiquiátrica”, subraya la asociación en su denuncia.
Una solución inviable: derivar a los niños a Estepona
Ante esta falta de recursos, INGESA ha externalizado el servicio a través de un contrato con la clínica HOSPITEN de Estepona. Sin embargo, las familias lo consideran “una medida inviable”.
“No se puede pretender que menores con trastornos psiquiátricos o de conducta tengan que desplazarse a la península para ser atendidos. Un simple viaje en barco o los cambios de rutina pueden generar una alteración emocional grave, especialmente en casos como el autismo. Lo que necesitan es estabilidad y atención aquí, en su ciudad”, recoge el documento presentado ante la Fiscalía.
“Acoso institucional” y acusaciones cruzadas
En el escrito, la asociación también denuncia que, tras sus críticas públicas, la dirección de INGESA calificó de “rotundamente falsas” sus acusaciones de “engaño institucional” y afirmó que “este tipo de manifestaciones solo sirven para perjudicar a los menores y socavar la confianza en el sistema público”.
“Nada más lejos de la realidad. Con estas declaraciones solo buscan justificar su inacción e intimidar a quienes defendemos los derechos de nuestros hijos. Es un claro intento de acallar nuestra voz”
Posibles infracciones penales
La denuncia advierte que esta omisión continuada podría constituir una infracción del artículo 408 del Código Penal(omisión del deber de actuar de los funcionarios públicos) y del artículo 196 por “trato degradante o abandono del deber de auxilio en su vertiente omisiva”.
“Estamos hablando de niños con autismo, TDAH, víctimas de abuso, menores con depresión, riesgo de suicidio o brotes psicóticos. Cada día sin atención es un daño irreparable para su desarrollo escolar, emocional y social, y un golpe devastador para sus familias”, concluye la presidenta de TDAH Ceuta.
70 familias al límite
La asociación está formada actualmente por unas 70 familias, que representan a más de 70 menores afectados. “Hoy estamos aquí para decir basta. Porque no vamos a permitir que nuestros hijos sigan siendo invisibles. No vamos a aceptar que vivir en Ceuta signifique tener menos derechos”, sentencia Abdellah.
Ahora, la Fiscalía tiene la palabra. Las familias, aseguran, no van a detenerse.