El sirio Hitham Sakka Al-Kasim, detenido el 7 de febrero del pasado año en Los Rosales en el transcurso de una operación antiterrorista, ha sido procesado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El ciudadano sirio ha sido acusado formalmente, junto a otras seis personas detenidas el mismo día en distintos lugares de España, de integración en organización terrorista, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, falsedad en documentos mercantiles y delito contras los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado.
Al-Kasim trabajaba en un establecimiento de comidas radicado en Hadú y fue investigado en su día por la Audiencia Nacional en relación con grupos vinculados a los atentados del 11 de septiembre.
Todos los procesados están acusados de integrar una célula cuyos miembros constituían una red delictiva internacional dedicada al envío de material logístico a las organizaciones terroristas Jabhat al Nusra y Daesh.
Junto al sirio detenido en Ceuta, está procesados cinco españoles, originarios de Siria, Marruecos y Jordania, y un marroquí.
El auto del juez estima que Ammar Termanini, considerado el cabecilla de la trama, ideó un complejo empresarial en España que utilizaba para facilitar la entrada de mercancías en Siria. Los cargamentos, declarados como envíos de ropa usada destinada a la venta, ocultaban en realidad material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones así como, probablemente, componentes de explosivos y armas de fuego. Todos sus cargamentos eran despachados en contenedores cerrados desde distintos puertos españoles.
Los investigadores sostienen que Daesh encargó a la célula la provisión de diez toneladas de uniformes y ropa militar para el uso de sus activistas en Siria.
El 15 de marzo de 2016, la Policía Nacional se incautó de un contenedor en el puerto de Algeciras y dos más en el de Valencia. En los dos últimos, los agentes hallaron, emboscados entre montones de ropa usada, cinco toneladas de fardos con 20.000 uniformes militares sin estrenar. Entre el material intervenido a la célula figuraban también trajes de resistencia a la guerra química-bacteriológica (NRBQ).
Los miembros de la célula habían recibido otro encargo inquietante: el envío de gran cantidad de abono de urea, yodos y fosfatos que podrían ser utilizada como precursores para la fabricación de explosivos.
La red había fundamentado sus transacciones en el “hawala”, tradicional sistema informal de transferencias de dinero muy utilizado en los países árabes y consistente en la compensación de pagos y movimiento de capitales al margen de los sistemas legales financieros.
El juez Velasco ha imputado a los acusados, por primera vez en un caso de yihadismo en España, un delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado. El magistrado estima que una de las vías de financiación utilizadas por la célula se sustentaba en el tráfico de obras de arte, monedas antiguas y piezas arqueológicas presumiblemente expoliadas de los museos y yacimientos radicados en los territorios conquistados por Daesh y Jabhat al Nusra en Siria e Irak.
