Tras la confirmación ayer de la víctima mortal número 35 por violencia de género, en lo que va de año 2019, 12 mujeres más asesinadas que en las mismas fechas en el año 2018.
De estas 35 mujeres asesinadas, únicamente 8 habían formulado denuncia previa, y tan sólo la mitad de éstas, es decir 4, continuaron con el proceso judicial.
Un incremento significativo en el número de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas, de las cuales el 60% eran españolas. Estas mujeres han dejado 26 huérfanos, menores de edad, algunos solo de madre, otros de ambos progenitores. No podemos olvidarnos de las mujeres extranjeras que han perdido también la vida en nuestro país, mujeres de la Unión Europea, de Europa del Este y de Sudamérica.
En este año 2019, el feminicidio ha afectado en España a mujeres de edades comprendidas entre los 17 y los 95 años, siendo la franja de edad más perjudicada la que se desarrolla entre los 40 y los 50 años, con un total de 16 víctimas mortales. Esta situación afecta a todas las Comunidades Autónomas, aunque serán las Autonomías más pobladas aquéllas en las que hay una mayor incidencia de asesinatos: Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Afortunadamente, en nuestra Ciudad no se ha producido ninguno desde el año 2009, año en el que lamentamos la pérdida de una mujer, por el mero hecho de serlo.
¿Qué está pasando?
Es la pregunta a la que tanto la ciudadanía como los profesionales que trabajan en la materia, quieren dar respuesta. A día de hoy, 1010 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en nuestro país desde el 1 de enero de 2003, fecha en la que se inició la contabilización de las mismas.
Llegados a este punto, cabría plantearse hacia dónde dirigir más esfuerzos. Quizás a la sensibilización de la ciudadanía en general y de los profesionales implicados en la materia en particular, quizás a incrementar las acciones de prevención de la violencia de género con dos líneas maestras fundamentales: educación y formación. Educación, en el sentido de fomentar y desarrollar acciones con el alumnado de los centros escolares (desde edades tempranas) así como con el profesorado y las familias. Formación, como condición sine qua non, destinada a todos los profesionales que intervienen en la materia, tales como operadores jurídicos, sanitarios, profesionales del ámbito social.
El Pacto de Estado en Violencia de Género conlleva una gran inyección económica (100 millones de euros) de los que se beneficiarán todas las Comunidades y Ciudades Autónomas. Implica que el desarrollo de las medidas contempladas corresponde a todas las Administraciones Públicas y a todos los agentes intervinientes (TRANSVERSALIDAD) así como que son responsabilidad de varias Administraciones y Entidades conjuntamente (COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN). Confiemos en que al albur de esta coyuntura, avancemos en optimizar el abordaje de esta lacra social desde todos sus flancos.
