UN TERCIO DE LOS DEPENDIENTES, SIN AYUDA

Ceuta, con un 3,2 sobre 10, suspende en la aplicación de la Ley de la Dependencia

Ceuta, que tiene  el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha suspendido, con una nota de 3,2 sobre 10, en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Esta valoración aparece contenida en el XVI Dictamen de la Dependencia, un estudio elaborado a partir de los datos oficiales.

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photo_camera Muchas de las personas dependientes no reciben ayuda pese a tenerla reconocida / A.S. ARCHIVO

Ceuta, al igual que sucede con Melilla, que tienen el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha recibido una nota de un 3,2 sobre 10 en la aplicación de la Ley de la Dependencia, según se refleja en el XVI Dictamen de la Dependencia, un estudio a partir de los datos oficiales del SAAD que analiza tanto la información sobre personas que han sido evaluadas, diagnosticadas como dependientes y que reciben o no las ayudas comprometidas, como la relativa a la financiación del sistema nivel nacional y autonómico.

En el mismo se comprueba como lo recortes llevados a  cabo en esta materia, y así, según se explica, en la última Legislatura el Gobierno ha restado 2.865 millones de euros al sistema entre la supresión del nivel acordado de financiación, la reducción del nivel mínimo de aportación del Estado a las comunidades autónomas y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares que afrontaba la Seguridad Social.

En sus conclusiones, el dictamen contempla que actualmente en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5 por ciento de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad. El número de dependientes reconocidas desde finales de 2011 ha descendido en 100.000 personas  .

Uno de los datos preocupantes es que en la actualidad, tras nueve años de implantación de la LAPAD, un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia pese a tener pleno derecho a las mismas. De las 384.326 personas desatendidas, un 27 ciento son dependientes con grado III (37.764) o con Grado II (68.509), se dice en el dictamen.

Según se desprende de la conclusiones del documento, las medidas adoptadas por el último Gobierno frenaron en seco el desarrollo del sistema entre 2011 y principios de 2015, precisando que a ello contribuyó decisivamente el Real Decreto-ley 20/2013 de 13 de julio cuyo impacto es aún vigente.
Pese a ello, en 2015, especialmente a partir de la segunda mitad del año, se vuelven a producir incrementos significativos de personas atendidas, coincidiendo con la entrada al sistema de todos los dependientes con Grado I. Por lo que los responsables de la elaboración del documento explican que "habrá que valorar más adelante si se trata de un espejismo provocado por la entrada masiva de expedientes de Grado I que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales normalizados, o si realmente –ojalá- hay un cambio de tendencia".

Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas comunidades autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.

En el documento también se acusa al Gobierno de haber incumplido la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, como posibilidad para transferir los asuntos judicializados al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en procedimientos contenciosos-administrativos lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.

 

Fallecidas sin recibir la prestación

En los últimos cuatro años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios superó las 125.000. Estas personas, es evidente, no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de recibir atenciones.
10. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido en una imposición social y económica.

En este sentido, ha afirmado que el gasto público "se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley", que establece una financiación al 50 por ciento por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

"La realidad es que, debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo, la Administración General del Estado aporta solo el 22,6 por ciento del gasto público y las Comunidades Autónomas el 77,4 por ciento restante. Por su parte, la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20 por ciento sobre el total de gasto directo del sistema", han expuesto los directores y gerentes de servicios sociales.

El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3 por ciento. Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros al año (2.643 millones de euros al año  de los que se recuperarían 1.012 millones). Todo ello sin considerar que el modelo puede mejorarse aún mucho en coste-eficiencia y sin calcular los retornos inducidos

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