TRES MESES DE AYUDA AL ALQUILER SIN JUSTIFICAR

Asuntos Sociales busca una pensión para la familia que vive en la playa de Benítez

La consejería de Asuntos Sociales se ha puesto manos a la obra para buscar una solución a la familia que desde un mes malvive en la playa de Benítez. Al parecer percibieron tres meses de ayuda al alquiler a pesar de que habían abandonado el programa. Aún asi desde la consejería buscan otra vivienda o una pensión "mientras tanto".

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photo_camera La familia malvive desde hace un mes en Benítez / ANTONIO SEMPERE

La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, ha manifestado a Ceuta Actualidad que la familia que vive en la playa Benítez desde hace un mes “es conocida de Asuntos Sociales”. Según ha explicado la consejera, la familia de José Enrique, Rachida y sus seis hijos, de entre uno y 12 años, “estaba en el programa de ayuda al alquiler pero no nos notificaron que se iban. Durante tres meses percibieron la ayuda y mientras tanto, ocuparon una vivienda de la que fueron desahuciados”.

Mohamed ha explicado que si se aplicara el reglamento y teniendo en cuenta que esta familia ha incumplido lo estipulado porque tienen tres meses sin justificar, “no les correspondería volver a percibir la ayuda pero esos niños no pueden estar en la playa. Hay que comprobarlo todo y solucionarlo". La responsable del área ha explicado que se está buscando el mecanismo adecuado. “He dado la orden de que se gestione la ayuda al alquiler y se busque la mejor fórmula para que vayan devolviendo el dinero poco a poco pero esta deuda no puede imposibilitar que accedan a una vivienda de alquiler”, añade Mohamed, quien unos minutos antes de hablar con Ceuta Actualidad ha pedido a los trabajadores sociales que hagan cuantas gestiones sean necesarias para buscar un hueco en las pensiones conveniadas con la ciudad “a pesar de que están todos llenos”. La consejera no ha sabido precisar si se podrá encontrar una habitación en el día de hoy.

José Enrique y Rachida dejaron de pagar el alquiler de la vivienda debido a que los 360 euros que percibían de la Ciudad como subvención no alcanzaban para cubrir el pago de los 550 a los que se elevaba la renta. Rachida expresa su malestar con los servicios sociales, a los que reprocha no haber proporcionado a su familia un alojamiento alternativo a pesar de conocer que el plazo en el que había de ejecutarse el desalojo se agotaba.

El padre de familia, enfermo y desempleado, tiene declarada una discapacidad  del 69 por ciento. José Enrique y Rachida han presentado solicitudes para obtener una vivienda de protección desde hace varios años, sin éxito.