Caballas pretende que la Empresa de Alumbrado de Ceuta sea obligada a comunicar a los servicios sociales municipales los cortes de suministro que prevea aplicar a fin de evitar que personas sin recursos se vean privadas de luz eléctrica.
El grupo elevará al pleno de la Asamblea una moción para que la Ciudad introduzca modificaciones en la normativa de modo que se establezca un procedimiento para el caso de interrupción de suministro a las familias en situación de pobreza energética.
El diputado Mohamed Alí ha asegurado que, en la actualidad, la empresa de alumbrado no tiene obligación alguna de poner en conocimiento de la Ciudad los cortes de suministro eléctrico programados. Alí ha recordado el fallecimiento de una anciana en Reus, víctima de un incendio provocado por las velas que utilizaba para alumbrarse después de que la empresa Gas Natural le suspendiera el servicio por falta de pago. “La situación que viven estas personas es injusta, ilegal e inmoral”, ha criticado el parlamentario.
Plazas en las residencias de mayores
Caballas también ha propuesto la instauración de un sistema de tramos que considere los ingresos económicos en la concesión de plazas en los centros residenciales para personas mayores. Los parlamentarios de la coalición han presentado una serie de alegaciones al reglamento municipal que regula el régimen de acceso a estas residencias con las que, según ha defendido Mohamed Alí, garantizar un “acceso transparente e igualdad de oportunidades” en el proceso de adjudicación de plazas. “Hoy día se está gravando a las personas mayores, a las que, en algunos casos, se les está reclamando hasta el 80% de sus pensiones”, ha criticado el parlamentario.
La propuesta de Caballas pasa por aplicar exenciones a las personas cuyos ingresos no superen los 600 euros mensuales y establecer retenciones en los ingresos de los beneficiarios que se incrementan proporcionalmente con arreglo a las percepciones de los pensionistas. Así, en el tramo de ingresos entre los 600 y 800 euros el coste para el residente se situaría en un 10% de la pensión, porcentaje que llegaría hasta el 50% para las percepciones superiores a los 2.000 euros.
Caballas plantea también que el requisito para verificar la residencia del solicitante en Ceuta atienda al padrón histórico y se considere también como potenciales beneficiarios a los jubilados que aún no hayan cumplido los 65 años.
