Conde Pumpido en la redaccion de Ceuta Actualidad /A.S.
Cándido Conde Pumpido saltó a esa fugaz celebridad que concede la curiosidad pública cuando los medios ofrecen una historia que pone sobre el escenario a poderosos sometidos al ojo escrutador de la Justicia. En su caso, el poderoso era el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, enfrentado en una sala de vistas a Elpidio Silva, el juez que le envió a prisión y que acabó sentado en el banquillo de los acusados.
Conde Pumpido asumió la defensa de Silva, a la que finalmente acabó renunciando en lo que algunos medios plantearon como un ardid para procurar la suspensión del juicio.
El joven abogado mantiene una relación cercana con la ciudad, aquélla que procede de su matrimonio con una ceutí. Conde Pumpido, que prepara en estos días la apertura de un despacho profesional en Málaga, es un letrado activo dentro y fuera de los juzgados. Y un profesional bragado en procedimientos de enorme trascendencia pública.
Usted tiene una amplia experiencia en la defensa de inculpados en causas de gran trascendencia pública, donde los implicados acaban siendo habituales de los medios de comunicación. ¿De qué manera afecta en la técnica y estrategia de un abogado defensor tener que lidiar con un proceso sobre el que prácticamente todo el mundo tiene una opinión formada de antemano?
Son causas que exigen mucha dedicación. Muchas veces el cliente no solo necesita ganar la batalla judicial sino que también tiene que sobreponerse a la batalla mediática, y eso es porque se le juzga más en los medios que en el juzgado. El juicio público es además más inmediato.
Ese juicio muchas veces es equivocado. Recordemos lo que ocurrió con el caso de Rocío Wanninkhof. Todo el mundo condenó a Dolores Vázquez cuando, en realidad, el asesino era otra persona. Si esta situación no se gestiona bien, puede ser tan dañina para el procedimiento judicial como una prueba de cargo. Puede crear entre la gente la convicción de que alguien es culpable cuando en realidad no lo es.
Cuando el caso tiene una trascendencia pública tienes que enfocarlo desde otra perspectiva, claro.
Uno de esos casos fue el de la acusación contra el juez Elpidio Silva por prevaricación. Silva envió a prisión a Miguel Blesa, quien fuera presidente de Caja Madrid, y le intervino correos electrónicos en el curso de su investigación. Usted mismo tuvo un enfrentamiento con el tribunal cuando anunció en pleno juicio que renunciaba a la defensa de Silva. ¿Cómo vivió aquel juicio?
Aquello se desmadró. Teníamos claro que lo que se quería era juzgar a Elpidio Silva lo antes posible y así evitar que llegara a las elecciones europeas y pudiera presentarse. Esas prisas delataron al tribunal. Solo en el momento en que pusimos de manifiesto que la jueza Tardón había sido miembro de Caja Madrid conseguimos que se suspendiera el juicio y, finalmente, se anulase por esa razón. Pero volvió a empezar con una velocidad inusitada: en julio ya lo teníamos juzgado y en septiembre ya teníamos sentencia. Cuando te anulan un juicio no es habitual que tengas la sentencia en la fecha en la que esperabas la del primer juicio.
Es más difícil que vayan a por ti cuando estás investigando a alguien que es completamente desconocido. Al parecer, solo son excesos reprochables los que se cometen contra los poderosos
Usted ha calificado a Blesa como un hombre poderoso
Hay una cosa que tengo muy clara. En algunos periódicos llegaron a decir que si Elpidio Silva tenía alguna enfermedad mental, que si padecía algún desequilibrio Pero hablamos de un juez que lo ha sido durante veintidós años. Si fuera verdad que ha estado haciendo barbaridades durante todo ese tiempo, pues llama la atención que la fiscalía actúe contra él, precisamente, cuando da con Blesa.
Y está lo de los correos de Blesa. Se decía que esos correos eran de carácter privado. Los de Urdangarín no se han considerado íntimos desde el momento en que se han redactado desde la mesa del trabajo y desde el ordenador del trabajo. Si tú utilizas una cuenta que no es tuya, eres tú el que está exponiendo tu propia intimidad. Así lo dice el Tribunal Constitucional para todos. Menos para Blesa.
Ya veremos también que pasa con esto en los tribunales superiores así como con los recursos que se puedan interponer a la sentencia de Silva. Según mi criterio, esa sentencia debería acabar siendo anulada.
Esta influencia que usted atribuye a Blesa, ¿constituye un caso inusual? ¿Existen más hombres poderosos capaces de influir en un proceso judicial?
Analicemos la situación de los jueces que han sido condenados y veamos por qué lo han sido. Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación cuando decidió ponerle una fianza y retirarle el pasaporte a Polanco, la cabeza visible del grupo Prisa, una empresa muy importante en el ámbito de la comunicación en España. Más tarde, otro juez, muy criticado por otras cosas durante mucho tiempo, escucha a unos abogados del PP en prisión hablando con sus defendidos. Y eso pareció ser la gota que colmó el vaso, y fueron a por él. Y ahora le ha tocado a Elpidio, a quien le sucede esto cuando toca a Blesa, amiguísimo del señor Aznar, que lo colocó de presidente en Caja Madrid. Yo un patrón sí que veo.
Es más difícil que vayan a por ti cuando estás investigando a alguien que es completamente desconocido, a pesar de que también hay ocasiones en las que los jueces cometen excesos en estos casos. Pero al parecer solo son excesos reprochables aquellos que se cometen en investigaciones que implican al PP, que se abren contra poderosos, contra gente bien relacionada.
Un grupo de abogados, entre los que figura usted, está impulsando una asociación contra los abusos policiales, fiscales y judiciales. ¿Por qué existe hoy en España la necesidad de crear una asociación de este tipo?
Estamos abriendo despacho profesional en Málaga y la idea es, precisamente, hacerlo en Málaga. Son muchos años estudiando derecho para ver que luego no se respeta el derecho. He visto que donde menos se respeta es aquí abajo, en el sur. En Málaga he visto auténticas barbaridades cometidas por la policía, por los jueces, por los fiscales y eso hay que atajarlo.
La única manera de combatirlo es a través de una asociación que pueda proceder contra esas personas que están más protegidas y contra las que a un particular le resulta más difícil actuar. La asociación denunciará y contará aquello que nos parezca que son excesos. Cualquier juez, cualquier policía, cualquier fiscal se puede equivocar, pero lo que no puede ser es que quienes persiguen a los malos se conviertan en malos a fuerza de investigar fuera de la ley y sin respetar los derechos y garantías de todos. Hoy investigan a un narco pero mañana igual te investigan a ti o a mí. Y yo quiero que mis derechos se respeten.
No puede haber instrucciones que duren diez años. Pero claro, para evitar eso lo que hay que hacer es darle medios a los jueces.
¿A qué tipos de abuso se refiere?
Le pondré algún ejemplo. Tenemos el caso Ballena Blanca, donde hubo unos cincuenta detenidos, no recuerdo el número exactamente, pero solo tres o cuatro condenados. Son muchas personas a las que se destroza la vida imponiéndoles medidas cautelares, bloqueando sus bienes, sometiéndolos a escarnio público durante mucho tiempo, haciéndoles pasar por blanqueadores. Y luego son absueltos.
Otro ejemplo lo tenemos en el caso Malaya. Se hizo una instrucción, de la que yo fui testigo, donde a la gente se le decía: usted irá a prisión a menos que cante. Ése es un uso de la prisión provisional como medida de coacción. Incluso se mantuvo a la gente detenida durante tres días y, luego, volvió a prorrogarse la detención otras 72 horas más. La detención de inicio era ya una detención judicial. Ha venido el Constitucional y ha dicho: oiga, ahí han excedido el tiempo constitucional de la detención. Al final, se ha reconocido a todos un atenuante de detención irregular. Eso son los excesos que hay que evitar.
Pensamos denunciar todas las irregularidades que se cometan y observemos. El Consejo General del Poder Judicial se está mostrando completamente ineficaz en la labor de investigación. Solo actúa en los momentos en que hay algún poderoso que pide que se actúe. Nosotros queremos darle esa misma posibilidad a quienes no controlan medios de comunicación para poner a la prensa a favor de sus intereses y en contra de los jueces. Por ejemplo, esto ha sucedido con medios que disfrutaban de la publicidad de Caja Madrid y que, claramente, han adoptado una determinada posición.
No se trata tanto de elaborar una lista negra como de determinar qué excesos se cometen, quién los comete y, si hay alguien que los cometa reiteradamente, disponer de un registro de ello.
Muchos jueces asumen un volumen de causas tal y de tal relevancia que resulta difícil entender cómo resulta posible que conduzcan todos estos procedimientos al mismo tiempo. Un ejemplo claro de esto lo encarnan los jueces de la Audiencia Nacional. Uno diría que es imposible sacar todas estas causas adelante.
Sí, es humanamente imposible, y se hace para eso en muchas ocasiones. Ahora el Gobierno ha decidido limitar la duración de las instrucciones. La limitación que se propone es para los casos de corrupción. Pero si vamos a limitar que sea para todo. ¿O es que yo, justiciable, puedo estar diez o quince años en un procedimiento en instrucción y usted, por ser político, no?
La primera medida que habría que adoptar es la de crear unos juzgados especializados. No puede ser que los juzgados de instrucción de Ceuta estén viendo juicios de faltas de señoras que llaman imbécil a sus vecinas, viendo pequeños robos y hurtos en tiendas y, al mismo tiempo, instruyan violaciones, o asuntos de narcotráfico de envergadura, o temas de corrupción, o delitos económicos Un juzgado así no dispone de medios para poder investigar esos hechos. O creas juzgados especializados en delincuencia económica que no tengan 20 detenidos en cada guardia- o lo que te vas a encontrar es que esos casos se enquistan porque en esos casos no suele haber presos, y las causas con presos suelen ser preferentes.
Pero, ¿las instrucciones van a ser más breves tan solo porque lo diga una ley?
Si la ley de enjuiciamiento dice que la instrucción ha de durar un tiempo determinado para cierto tipo de delitos, la instrucción tiene que durar ese tiempo. Hay que tener en cuenta que legal es cualquier cosa para la que yo hago una ley. El problema no es ése. Cuando tengo la capacidad para crear leyes, cualquier cosa puede ser legal. Lo que hay que preguntarse es si respeta realmente los derechos de todos. Yo creo que no. Si vamos a la Constitución, que consagra el principio de igualdad, tendremos que preguntarnos por qué no voy a ser yo, que no he cometido ningún delito relacionado con la corrupción, tan igual como quien ha cometido un delito de corrupción.
Lo que es evidente es que no puede haber instrucciones que duren diez años. Pero claro, para evitar eso lo que hay que hacer es darle medios a los jueces. Lo que no puedes hacer es decir: para el resto de asuntos te quedas como estás, pero para éstos te voy a poner un límite.
Eso afecta a la calidad de la investigación judicial. Pero eso es lo que se pretende. Estamos viendo medidas contra la corrupción pero en realidad de lo que se trata es de promover medidas para favorecer que no se investigue la corrupción.
¿Cuánto hay de cierto en lo que se comenta acerca de la infiltración de la política en la justicia?
Tenemos muy buenos jueces y fiscales, pero esos jueces y fiscales, y especialmente en el caso de los jueces, necesitan contar con apoyos políticos si quieren ascender a un tribunal superior. Porque quien decide quién asciende y quién no, a quién se investiga y a quién no, es el Consejo General del Poder Judicial. Y los miembros del Consejo están nombrados directamente por los políticos. Eso supone que si yo quiero que me nombren para tal puesto necesito el apoyo del Consejo. Y si quiero estar en el Consejo, necesito el apoyo del político. La dependencia de la política es bestial. Y no es tan importante conseguir que te apoyen como lograr que no te veten. Si has llevado la instrucción de un caso en el que ha estado implicado un partido político, ese partido no va a querer que tú asciendas a un puesto más relevante.
Eso si hablamos de jueces. En cuanto a los fiscales, podemos decir, por ejemplo, que todavía no se ha acabado con la dependencia económica de la fiscalía. Parece increíble, pero la fiscalía, a pesar de que se la llama ministerio fiscal, no tiene un presupuesto propio que pueda manejar, sino que está en manos del ministerio de Justicia. Y si ni tan siquiera tiene independencia económica, ¿cómo vamos a hablar de que goce de otro tipo de independencia?
