Sociedad

ANTE EL DESAMPARO DE LAS INSTITUCIONES

Digmun inicia los trámites para escolarizar a una treintena de menores

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photo_camera Las aulas donde estos menores dan clase es el local social de la barriada / REDACCIÓN

Cansados de esperar el cumplimiento de las promesas políticas, Digmun va a iniciar los trámites para escolarizar a los 30 niños a los que actualmente dan clase en un local social. Además, solicitan más medios humanos y materiales para continuar con su labor docente hasta que se solucione la situación.

La oenegé Digmun va a iniciar la matriculación escolar de los 30 niños que actualmente atienden en sus instalaciones y que no pueden acudir a un colegio por no estar empadronados en la ciudad, a pesar de que muchos de ellos han nacido en Ceuta. Ante esta situación de desamparo, esta organización acogió a estos niños en horario de mañana en unas aulas improvisadas en el local social de la barriada para enseñarles a leer, escribir y matemáticas.

Digmun denuncia que coincidiendo con las elecciones han sido varios los partidos que han visitado sus instalaciones y adquirido compromisos e incluso el Gobierno les requirió los informes sociales de los mejores para buscar una solución pero “no podemos quedarnos impasibles ante esta situación de indefensión que están viviendo no sólo estos niños, sino también sus familias”.

La asociación van más allá y no descarta iniciar trámites legales en caso de que no se garantice el derecho a la educación de este colectivo y “se siga vulnerando este derecho por parte de las instituciones públicas, derecho que sólo se vulnera en esta ciudad y demandamos, por otra parte, que se nos proporcione  los recursos humanos y materiales mientras esta situación se resuelva”.

El derecho a la educación está reconocido en la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, y que recoge la obligatoriedad de los gobiernos por garantizar la educación obligatoria y gratuita a todos los niños. Por su parte la legislación española en la LO/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor en su artículo 10 recoge “… los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación (...)  aun cuando no residan legalmente en España”.

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