José Enrique, Rachida y sus seis hijos, con edades comprendidas entre uno y doce años, están atravesando una racha difícil desde que el pasado 30 de junio un juzgado de Ceuta obligara a ejecutar la sentencia de desahucio de la vivienda en la que residían en régimen de alquiler desde 2013. Tras el desalojo, que fue voluntario y sin incidentes, la familia trasladó sus pertenecías a la playa Benítez, donde están malviviendo desde entonces.
José Enrique y Rachida dejaron de pagar el alquiler de la vivienda debido a que los 360 euros que percibían de la Ciudad como subvención no alcanzaban para cubrir el pago de los 550 a los que se elevaba la renta. Rachida expresa su malestar con los servicios sociales, a los que reprocha no haber proporcionado a su familia un alojamiento alternativo a pesar de conocer que el plazo en el que había de ejecutarse el desalojo se agotaba.
La mujer lamenta la situación en la que sus hijos han de afrontar el día a día desde hace un mes, a la intemperie, sin condiciones de salubridad e higiene, pasando frio por las noches y soportando temperaturas altas durante el día.
El padre de familia, enfermo y desempleado, tiene declarada una discapacidad del 69 por ciento. José Enrique y Rachida han presentado solicitudes para obtener una vivienda de protección desde hace varios años, sin éxito.
