El proceso judicial contra la vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, y la ya exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha tomado un nuevo giro tras la comparecencia del secretario general de la institución de la plaza de los Reyes, Ismael Kasrou y, sobre todo, por la testifical de la Abogacía del Estado, Zaida Fernández quien, según afirman las partes presentes en sala, “ha intentado evitar su declaración”, aunque ha sido rechazo por su señoría.
Fernández había sido llamada a declarar por la Fiscalía después de que Mateos afirmase el pasado octubre, también en la sala del Juzgado de Instrucción número 2, que había recibido un informe no verbal por parte de la Abogacía en el que le advertía de la ilegalidad de las repatriaciones que se efectuaron en agosto del 2021. Una versión que no ha sido confirmada, y que se tercia en el lado opuesto. La letrada ha indicado que “jamás fue consultada” por la entonces titular de Delegación, ahora investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.
Por su parte, Kasrou ha ratificado en sala la condición de orden e instrucción de todas las comunicaciones entre la Delegación y el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) llegando a confirmar que la proximidad en tiempo entre consultas y emisión era debido a que su contenido se pactaba entre ambas instituciones.
Ha señalado, además, al entonces jefe de gabinete de Mateos, Juan Hernández, como el interlocutor con la delegada y el Gobierno, de la misma forma que ha confirmado que durante un año no se hizo seguimiento del estado de los menores deportados.
Por su parte, la defensa de la recientemente cesada delegada del Gobierno ha presentado este miércoles un escrito médico en el que se recoge su falta de capacidad volitiva raíz del tratamiento médico que recibe.
Para la acusación particular, representada por la Red Española de Inmigración, las afirmaciones en sala “evidencian que el Ministerio del Interior y su secretario de Estado son partícipes y cooperadores necesarios en este proceso, así como los autores intelectuales de todo el procedimiento. Por lo que entiende necesario que acudan, como mínimo, como testigos”.
