La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y las asociaciones Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana, tres de las seis acusaciones populares personadas en la causa de la tragedia del Tarajal, solicitan entre 28 y 56 años de cárcel para cada uno de los 16 guardias civiles procesados por utilizar material antidisturbios para repeler a un grupo de migrantes que intentaba entrar a nado en Ceuta, suceso que se saldó con al menos 14 personas fallecidas, según sus respectivas calificaciones, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.
Al margen de la Fiscalía, que como la Abogacía del Estado y el resto de las defensas han pedido el archivo de las diligencias, también constan como acusaciones populares el Comité René Cassin, Pro Derechos Humanos y el Observatori DESC.
Familiares de varios muertos han reclamado, de momento sin éxito, ejercer la acusación particular. CEAR atribuye a los guardias un presunto delito de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte, otro de denegación de auxilio y uno más de prevaricación pese a que la jueza instructora sobreseyó este último en su auto de continuación de los trámites por el procedimiento abreviado para abrir juicio oral.
Por homicidio imprudente considera que procede imponer a cada guardia por cada una de las 15 muertes dos años de prisión (30 en total), y seis de privación del derecho de porte o tenencia de armas.
Por denegación y auxilio y también por cada fallecido, una multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios (más de 200.000 euros), así como suspensión de empleo o cargo por tres años.
La calificación se basa, según su relato de los hechos, en que los guardias "dispararon pelotas de goma y botes de humo" al grupo que nadaba; que "omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar y que se encontraban con riesgo vital"; y que "hicieron un uso de la fuerza de forma desproporcionada en relación con las víctimas". "Según establece la legislación vigente, no cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo, sino solo de una manera adecuada a la protección de los derechos Humanos", indica.
La Asociación Coordinadora de Barrios, que relaciona 14 muertos, reclama por cada uno como homicidio por imprudencia grave dos años de prisión (un total de 28 por funcionario) e inhabilitación especial por plazo de cinco años y nueve meses. "Subsidiariamente", contempla un presunto delito de omisión del deber de socorro que conllevaría "pena de prisión de tres años y nueve meses" y accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo.
En el relato de hechos de sus conclusiones provisionales destaca que "los acusados, a pesar de conocer el riesgo que suponía el empleo de material antidisturbios y la situación de peligro de personas en el mar, dispararon 155 pelotas de goma, cinco botes, y 355 salvas de fogueo".
La Asociación Sociedad Humana estima la Guardia Civil "primó la custodia de la frontera sobre la protección de los seres humanos y de su vida cuando no existían ninguna dificultad en permitir el acceso de los mismos a la playa y proceder a detenerlos tras rescatarlos inclusive". A su juicio los hechos son constitutivos de quince delitos de homicidio por imprudencia grave y otros tantos de denegación de auxilio.
Dado que tampoco ve "circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal", pide tres años y nueve meses de prisión por cada uno de los primeros (en total, 56 años y tres meses de cárcel para cada guardia) con inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por cinco años. Por cada delito de denegación de auxilio solicita penas de multa de 22 meses con cuota diaria de 12 euros para cada guardia y un total de 80 años de prohibición especial para ejercer empleo o cargo público.
