“Las viviendas en Ceuta, en las promociones objeto de estudio, han sido adjudicadas sin someterse a procedimiento legal alguno ni criterio de sostén institucional ni baremo de realidad social”. Con esta contundencia se pronuncia la juez Raquel Lucini en el auto de fecha 6 de abril por el que decretaba el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre el conocido como caso Emvicesa.
La juez asegura en su resolución que la documentación aportada por los servicios sociales municipales y la sociedad municipal Emvicesa permiten “desmontar una realidad ilícita”, en referencia a la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial. Según reza el auto, los servicios sociales nunca informaron a la empresa de la vivienda de las necesidades reales de las personas necesitadas. “Ha quedado acreditado que nada se baremaba”, sostiene.
El procedimiento investiga la implicación de una cincuentena de personas en esta trama de adjudicaciones irregulares a las que imputa hasta siete delitos: prevaricación administrativa, falsedad documental, cohecho, organización criminal, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
