El escrito de acusación de Fiscalía señala que Antonio López, con el ánimo de enriquecerse y valiéndose de su cargo, articuló un sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública subvencionadas por la Ciudad al margen del procedimiento legalmente previsto. Los adjudicatarios serían terceras personas que previamente le habían satisfecho determinadas cantidades de dinero que oscilaban entre los 6.000 y 20.000 euros, en unas ocasiones directamente a él mismo y en otras a través de intermediarios y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera.
Este, según el escrito, fue el procedimiento seguido durante los años 2011 a 2017, en una promoción de 170 viviendas y otra de 317 de Loma Colmenar. Esta última no se llegó a aprobar al suspenderse por estar cercano un periodo electoral aunque el listado de beneficiarios se hizo público en un diario local.
Según Fiscalía, López obtuvo una gran cantidad de dinero ilícito que introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad. Lo hizo mediante operaciones de compra y venta de inmuebles, compra y venta de acciones en bolsa, vehículos y artículos de joyería, tanto a su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con ese fin. Concertó préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva, llegando incluso a amortizar anticipadamente o cancelar las deudas con los cobros ilícitos.
El importe blanqueado fue cercano a los dos millones de euros (1.978.658 euros). Para lograr su propósito, el Ministerio Fiscal considera que López se sirvió de una estructura por él diseñada y organizada, que estaba bajo sus órdenes y conformada por los trabajadores comerciales de Emvcesa, los representantes públicos de la Comisión de la Vivienda, intermediarios y captores de clientes.
