Sucesos/Tribunales

Así lo refleja el informe pericial encargado por el Juzgado

Los bienes presentados por Antonio López no cubren la fianza para su puesta en libertad

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photo_camera Antonio López, a la izquierda, en imagen de archivo (C.A.)

Antonio López seguirá en prisión después de que el informe de peritación de los bienes inmuebles presentados determine que los mismos no son suficientes para cubrir la fianza de 150.000 euros establecida por la jueza del caso. 

Hay que recordar que la fianza inicial impuesta por la jueza Raquel Lucini fue de 300.000 euros, aunque el principal implicado en el conocido “Caso Emvicesa” no pudo hacer frente a la misma, por lo que su representación legal solicitó al Juzgado una rebaja ante semejante circunstancia.

La juez, tras un delibración previa, accedió a la petición, quedando fijada la fijada entonces en 150.000 euros, esto es, la mitad de lo solicitado en primera instancia.

El pasado 12 de marzo, la jueza Raquel Lucini redujo de 300.000 a 150.000 euros el importe de la fianza solicitada, lo que facilitaría que López pueda abandonar la cárcel, donde se encuentra ingresado en calidad de preso preventivo desde febrero del año pasado.

El pasado 23 de febrero, Lucini decretaba que los avales presentados por amigos y familiares de Antonio López eran insuficientes para cubrir la fianza de 300.000 euros fijada por la Audiencia Provincial. Una semana antes, cuatro mujeres, entre ellas la madre y la hermana de López, comparecían en las dependencias judiciales para ratificar la aportación de cuatro inmuebles con los que pretendían hacer frente a esta fianza, concretamente el 50% de una vivienda y tres locales.

Sin embargo, estas propiedades no sirvieron para cubrir la fianza fijada. Al no poder pagar los 300.000 euros en efectivo y presentar inmuebles como avales la cuantía que había de abonarse de doblaba hasta los 600.000 euros. 

López, que había ejercido como viceconsejero de Vivienda y gerente de la sociedad municipal Emvicesa, ingresó en prisión preventiva el 15 de febrero de 2017 como presunto cabecilla de una trama de corrupción dedicada a la adjudicación de viviendas de protección oficial a cambio de dinero. Entre los delitos que se le imputan está el de cohecho. 

Tras la aportación de toda la documentación de los bienes inmuebles, el Juzgado solicitó una valoración pericial de los mismos cuyo resultado ha sido que no los bienes no son suficientes para cubrir el valor de la fianza establecida.

 

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