El proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria, que actualmente se tramita en el Senado, introduce una serie de modificaciones legales que afectan a diversos aspectos relacionados con el matrimonio civil. Así, el proyecto de ley contempla la elevación de la edad mínima para contraer matrimonio de los 14 a los 16 años, el reconocimiento a efectos civiles de las bodas celebradas por los ritos mormón, ortodoxo y el de uso entre los testigos de Jehová y la atribución de competencias a los notarios para celebrar matrimonios.
Uno de los propósitos de esta nueva regulación legal es el de reducir la carga de trabajo que padecen los órganos judiciales. En el caso de Ceuta, las nuevas competencias asignadas a los notarios podrían ser una espita para aliviar la presión excesiva que soporta el Registro Civil. Al menos en teoría.
El Registro Civil de Ceuta tramita un gran número de expedientes matrimoniales de nacionales marroquíes, lo que comporta una mayor dificultad en su gestión ya que resulta preciso hacer verificaciones documentales que, en ocasiones, resultan gravosas en términos de tiempo y energías. Los distintos usos de la administración del país vecino, la exigencia de determinados requisitos formales y la obligación de verter al español los documentos redundan en un incremento del volumen de trabajo de la oficina.
“El Registro Civil de Ceuta está saturado, aguanta un montón de trabajo adicional –explica el notario José Eduardo García Pérez- No es lo mismo trabajar en Tordesillas o Aranda de Duero que en Ceuta, donde el número de matrimonios de extranjeros es mucho mayor”.
Una vez que entre en vigor la nueva ley, García Pérez y sus dos colegas notarios que ejercen en la ciudad deberán atender las demandas de matrimonio que se les soliciten por riguroso turno. Una nueva competencia que compartirán con secretarios judiciales, encargados del Registro Civil, cónsules o funcionarios judiciales, jueces de paz, alcaldes y concejales. “El expediente matrimonial no es sencillo de tramitar porque supone llegar a la convicción de que, efectivamente, uno está casando a dos personas que tienen capacidad para hacerlo, pero los notarios no tenemos los medios de un Registro Civil, a cargo de un juez que puede recurrir, por ejemplo, al auxilio de la Policía”, argumenta García Pérez.
La posibilidad de que quienes alberguen la intención de cometer un fraude recurran a los servicios de los notarios para eludir los mayores controles que, en principio, se oponen en los registros civiles se ha planteado como una objeción a la nueva regulación. García Pérez descarta estos temores y apela a la rigurosidad en los procedimientos que imponen los órganos profesionales. “Cuando la ley sea firme, el Consejo General del Notariado y la Dirección General de Registros nos remitirán unas normas a seguir. Es como el caso de las compraventas, en las que pueden darse casos de blanqueo de dinero. Pues bien, nosotros los notarios paramos muchos de estos delitos. ¿Y por qué? Porque tenemos instrucciones estrictas de la Dirección General que seguimos a rajatabla”, puntualiza el notario.
La futura nueva ley también faculta a los notarios para tramitar expedientes de separación y divorcio, siempre que concurra mutuo acuerdo y no haya hijos menores
