Tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Carreira ha asegurado “que no soy responsable de la gestión de esa encomienda”. “Esa encomienda se firmó en julio, y si ustedes recuerdan, terminado julio yo pasé a Turismo y Deportes, por lo tanto no sé ni para que me han llamado”.
Prosiguiendo con sus afirmaciones, el consejero ha precisado que la denuncia “es política” y cuyo objetivo que se persigue es que “la Administración de Justicia paralice la acción del Gobierno”. “Ya que no lo consiguen a través de las urnas, el gran Juan Luis Arostégui ha pretendido enmierdar a la justicia” en algo en lo que este estamento “no tiene por qué intervenir”.
No se ha querido pronunciar sobre los hechos ocurridos con la presidenta de la gestora del sindicato CSIF, Malika Al La, “ya que no tengo nada que decir”.
Carreira ha patentizado que “voy a seguir defendiendo los intereses generales de la ciudad y jamás me someteré a chantajes ni a presiones de nadie”.
El consejero asegura que tiene la conciencia “tranquila porque he hecho las cosas bien, ajustadas a derecho, y en interés de la mejora de los servicios de Ceuta”.
Por último ha negado con rotundidad que Tragsa haya hecho servicios que estaban encomendados a Trace, ya que la encomienda es muy clara, “lo que pasa que ni los denunciantes se la han leído”.
La denuncia señala al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y a su consejero Emilio Carreira como los responsables de las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de la sociedad estatal Tragsa de un servicio público de limpieza. La acción judicial sitúa a Al Lal en una difícil posición, toda vez que la presidenta de CSIF es, a la sazón, vicesecretaria general del PP ceutí.
Quienes sí han ratificado la denuncia esta mañana han sido el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, y su homólogo en la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Francisco Lobato. “Lo de CSIF hay que tomárselo a broma”, censuraba Aróstegui a las puertas del Palacio de Justicia la actitud del sindicato presidido por Al Lal.
A su vez, el ugetista Lobato insistía en el compromiso asumido por el sindicato con el comité de empresa de Trace, concesionaria del servicio público de limpieza, que ha advertido siempre de las consecuencias que para la seguridad laboral de la plantilla entrañaba un contrato como el suscrito por la Ciudad con Tragsa.
Denuncia
La encomienda objeto de controversia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) el 18 de julio pasado. La tarea asignada a Tragsa sería, según reza textualmente en el acuerdo la de acometer “actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la ciudad de Ceuta”. El presupuesto consignado a este servicio ascendía a 1.543.109.00 euros.
La denuncia, cuya interposición fue instada por el comité de empresa de Trace, concesionaria del servicio de limpieza, cuestiona la capacidad de la Ciudad para adquirir, tal y como hizo el pasado julio, acciones de la sociedad estatal Tragsa. La condición de accionista permitiría a la Administración local considerar medio propio a Tragsa y, por tanto, recurrir a las encomiendas de servicios y obras sin licitación. Los denunciantes argumentan que la Ciudad, en su condición de mero ayuntamiento no puede adquirir capital social de esta empresa pública.
