Sucesos/Tribunales

Tras declarar el miércoles

Carreira medita emprender acciones legales contra los que le han acusado de cometer delitos

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photo_camera Emiliio Carreira, consejero de Turismo y Deportes (C.A.)

Tras prestar declaración el miércoles por la denuncia interpuesta por los sindicatos como responsable de unas presuntas irregularidades cometidas en la contratación de la sociedad estatal Tragsa de un servicio público de limpieza, el consejero de Turismo y Deportes, Emilio Carreira, medita emprender acciones judiciales contra todas las personas que le han señalado como responsable de unos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Carreira aseguró “que no soy responsable de la gestión de esa encomienda”. “Esa encomienda se firmó en julio, y si ustedes recuerdan, terminado julio yo pasé a Turismo y Deportes, por lo tanto no sé ni para que me han llamado”.

Prosiguiendo con sus afirmaciones, el consejero ha precisado que la denuncia “es política” y cuyo objetivo que se persigue es que “la Administración de Justicia paralice la acción del Gobierno”. “Ya que no lo consiguen a través de las urnas, el gran Juan Luis Arostégui ha pretendido enmierdar a la justicia” en algo en lo que este estamento “no tiene por qué intervenir”.

Carreira ha patentizado que “voy a seguir defendiendo los intereses generales de la ciudad y jamás me someteré a chantajes ni a presiones de nadie”.

El consejero asegura que tiene la conciencia “tranquila porque he hecho las cosas bien, ajustadas a derecho, y en interés de la mejora de los servicios de Ceuta”.

Por último ha negado con rotundidad que Tragsa haya hecho servicios que estaban encomendados a Trace, ya que la encomienda es muy clara, “lo que pasa que ni los denunciantes se la han leído”.

La denuncia señala al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y a su consejero Emilio Carreira como los responsables de las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de la sociedad estatal Tragsa de un servicio público de limpieza. La acción judicial sitúa a Al Lal en una difícil posición, toda vez que la presidenta de CSIF es, a la sazón, vicesecretaria general del PP ceutí.

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