La Ciudad va a recurrir la sentencia del plus de residencia ante el Tribunal Supremo, lo hará presentando un recurso de casación ante dicho órgano judicial. El Gobierno pretende evitar tener que pagar unas cantidades elevadas que se le exigen.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad que en 2017 habilitaba a los funcionarios de carrera en servicios especiales por ocupar los cargos de vicepresidentes de la Asamblea, presidente de la Ciudad, consejeros, viceconsejeros, directores generales, jefe de Gabinete o subdirectores generales a percibir retribuciones en concepto de antiguedad y residencia además de sus sueldos.
El TSJA resuelve de este modo el recurso contencioso interpuesto en 2017 por Ciudadanos contra la base de ejecución 29 de los Presupuestos de la Ciudad de Ceuta para 2017. Ciudadanos interpreta que con esa decisión se convierten en "pagos indebidos y reintegrables" las cantidades abonadas por la Administración autonómica desde cuatro años antes, es decir, a partir de 2013, y hasta la actualidad.
Los obligados a devolver dinero serían los miembros del actual Gobierno, del anterior y del precedente con funcionarios en servicios especiales. En el momento de la presentación del recurso, además de Vivas había cuatro consejeros (los de Gobernación, Medio Ambiente, Presidencia y Educación, Jacob Hachuel, Emilio Carreira, Mabel Deu y Javier Celaya, respectivamente) y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo, que compaginaban sus retribuciones como cargos políticos con esa indemnización.
Ahora estarían directamente afectados, sin contar directores generales, Vivas, Deu, Guerrero y Rontomé, aunque el Gobierno no paga el plus de residencia desde el 1 de enero a los primeros que son funcionarios de la Administración del Estado.
El régimen retributivo del que se han venido beneficiando los miembros de los sucesivos gobiernos de la Ciudad durante los últimos años fue implantado por el Grupo Independiente Liberal (GIL) durante su breve etapa al frente de la Ciudad entre 1999 y 2001.
El Tribunal considera que no existen ninguna norma legal ni reglamentaria que justifique, por la mera consideración de la singularidad de Ceuta, la asunción de estos gastos por la Ciudad.
