Sucesos/Tribunales

La declaración como investigada de la delegada del Gobierno vuelve a aplazarse por motivos de salud

Salvadora Mateos juzgado
photo_camera La delegada del Gobierno en los juzgados (ARCHIVO)

Salvadora Mateos estaba citada mañana en los juzgados para declarar por el caso de la devolución de 55 menores el verano pasado. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha vuelto a suspender la declaración de la delegada del Gobierno por motivos de salud. Salvadora Mateos estaba citada en los juzgados para comparecer como investigada por un presunto delito de prevaricación continuada en la devolución en agosto del año pasado de 55 niños marroquíes solos al país vecino siguiendo un procedimiento al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería.

Es la segunda vez que esta declaración se suspende. La semana pasada Mateos tenía que acudir a comparecer junto a la vicepresidenta del Gobierno, Mabel Deu, que sí acudió y que aseguró que estas devoluciones se realizaron siguiendo las directrices del Gobierno central. Es por este motivo por el que Deu pide que el ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, comparezca en este asunto como testigo. 

La Red Española de Inmigración, que ejerce como acusación particular, se opone a este nuevo aplazamiento puesto que "respetando el estado de salud, ya se dio otro previo y hubo tiempo más que suficiente para que la investigada y su defensa supieran de cuándo y cómo se iba a realizar". 

La actuación de Mateos y Deu ya ha sido condenada por la vía contencioso-administrativa tanto tanto en primera como en segunda instancia, aunque la Delegación y la Ciudad han llevado el asunto hasta el Supremo.

Según el Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA), la actuación material de la administración, "exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes".

La Delegación y la Ciudad siempre han defendido su proceder en la existencia de una situación "de emergencia humanitaria" en la ciudad autónoma causada por la entrada irregular de unas 12.000 personas en 72 horas en territorio español y en la existencia de un Acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 para el "retorno asistido" de menores solos.

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