El consejero de Medio Ambiente alega que está inmotivado

La defensa de Ramos recurre el auto de conclusión de diligencias previas por el caso de la Hípica

La defensa del consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto dictado por la jueza titular del Juzgado número 6 en el que anuncia la conclusión de las diligencias previas y transformación en procedimiento abreviado tras la denuncia presentada por el propietario del centro ecuestre JP contra el consejero por una presunta prevaricación y malversación

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photo_camera Jinetes, en las instalaciones de la Hípica/ (C.A../ARCHIVO)

Según la información a la que ha tenido acceso Ceuta Actualidad, la defensa del consejero de Medio Ambiente ha presentado el recurso de apelación argumentando que el auto dictado por el citado juzgado está inmotivado, por lo que ahora hay que esperar que la Audiencia Provincial resuelva el recurso para seguir con los siguientes pasos.

En el supuesto que la Audiencia Provincial considere que el auto está suficientemente motivado, el juzgado dictará otro auto en que anunciará la apertura de juicio oral y el Ministerio Fiscal presentará escrito de acusación. En el caso de que no sea así, la titular del Juzgado podrá realizar un nuevo auto motivando sus conclusiones.

En junio de 2016, el director técnico del centro ecuestre JP, Javier Pérez López, denunció ante la Fiscalía de Ceuta al consejero de Deportes, Fernando Ramos, y “a todos los que sean responsables en algún grado” por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación. Pérez López acusó al consejero de recurrir hasta a 22 contratos menores para financiar más de 450.000 euros del coste total del servicio prestado por su empresa a la Ciudad en las instalaciones de la Hípica, cuantía que, según el denunciante, supone 100.000 euros más que en el anterior contrato.

En aquella ocasión y en un comunicado enviado a los medios, Pérez aseguraba que “esta forma de malgastar supone un desprecio a la buena economía, y si, además, sumamos el lucro cesante de los dos meses -septiembre y octubre, que no hubo actividad- más el nuevo cierre a la campaña de verano, supondría que la ciudad dejará de ingresar unos 28.000€, aproximadamente”.

El empresario manifestaba, además, que la Consejería no ha cobrado los servicios prestados bajo contrato a 16 propietarios de caballos estabulados en la Hípica, cuantía que cifra en 30.000 euros.

Pérez López consideraba que su situación es el resultado de la “persecución” a la que ha sido sometido por Ramos- “Se ha producido un claro desprecio a la ley y a las mínimas normas de buena administración, evitando además, con estas acciones, que más de 250 deportistas practiquen su deporte favorito”, concluye el empresario.

Las relaciones entre la empresa JP y la Ciudad se tornaron tumultuosas a lo largo de los últimos meses. El cierre de las instalaciones y el mantenimiento de los caballos, en su mayoría propiedad de JP, se resolvió temporalmente en octubre con la de un convenio por valor 114.355 euros en concepto de pago a la dirección técnica hasta finales del mes de junio. El Gobierno anunció entonces que su objetivo era el de sacar a licitación la escuela. En este tiempo, la Ciudad ha licitado, mediante contratos menores, otros servicios como la atención veterinaria o los monitores.  

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