Tranquila y acompañada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, salía del Juzgado la vicepresidenta del Gobierno y hasta hace unos meses competente de Menores, Mabel Deu, donde ha comparecido ante la Fiscalía durante algo más de una hora, en calidad de investigada, por su relación con la repatriación de menores que se llevó a cabo durante el verano del pasado año, tras la entrada masiva de marroquíes en mayo de 2021.
La Fiscalía la denunció en junio por presunto delito continuado de prevaricación administrativa por considerar que, en la expulsión a Marruecos de 34 menores inmigrantes no acompañados en agosto del pasado año, "se ha omitido de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho".
Ante la prensa la vicepresidenta se ha limitado a esgrimir un discreto “he cumplido”, aunque durante su declaración, como ha comunicado a los medios la acusación particular representada por la Red Española de Inmigración, Deu ha vuelto a dejar claro, como también lo hiciese la delegada del Gobierno durante la fase previa, que la responsabilidad en las repatriaciones fue exclusiva del Gobierno de España. “Es Deu quien dice que aquí todo lo autorizó Madrid”, ha dicho el secretario general de la entidad social, Rafael Escudero.
La acusación particular, que ha lamentado que la acusada se acogiese al derecho de no responder a sus cuestiones, va a pedir aclarar quién del Gobierno asumió dicha responsabilidad. “Vamos a coger exactamente las palabras de las investigadas y a pedir que se incorporen. La señora Valdecabras (jefa de Gabinete de la entonces ministra Carmen Calvo) era su enlace con el resto del Gobierno de España. Hoy lo ha afirmado ella en dos ocasiones”, ha señalado Escudero, que también demandará desde mañana la ampliación de los elementos tanto probatorios como testificales para que las personas señaladas por Deu comparezcan como testigos. Entre ello, se encontrarían, al menos, representantes de los cuatro ministerios a los que la vicepresidenta ha nombrado en su declaración, así como enlaces de la vicepresidencia del Gobierno (ocupada entonces por Calvo) y otra serie de cargos del Ejecutivo.
De la misma manera que también pedirán que se amplíen las testificales a Cruz Roja, Save The Children y otras entidades tutelares involucradas en el proceso, en concreto, en la elaboración de los informes. “Para saber qué hicieron”.
Desde Red Española de Inmigración han remarcado que el relato de Deu ha vuelto a evidenciar que se vulneraron los derechos de la infancia “Ha quedado claro en sede judicial que nunca se reunió la Comisión de Asuntos para la Infancia de la Ciudad Autónoma, preceptiva para cualquier asunto que afecte a la tutela de un menor, que dichos menores no han sido tutelados conforme a derecho en ningún momento. Además, hay constancia de informes con partes de autolesiones, que la voluntad de esos menores no era la de hacer ningún tipo de reagrupación familiar a la que se intenta referir la defensa de la Ciudad, que está intentando hacer pasar por reagrupaciones familiares lo que todo hemos visto y oído en declaraciones. El papel lo aguanta todo, pero en la época telemática en la que las declaraciones viven bastante tiempo, no creo que se pueda validar que se haya hecho esto”, ha alegado Escudero.
Por otra parte, el representante de la oenegé ha lamentado públicamente que la vicepresidenta haya juzgado la actuación de la Fiscalía a quien señala de “coacción”. “Es complicado que desde la vicepresidencia de una Gobierno se señale a la Fiscalía, se puede estar más de acuerdo con él, pero es parte del organigrama de la justicia (ha señalado a miembros de la carrera Fiscal). La abogacía del Estado también los señaló de recibir un trato de “especie de acoso”.
Este proceso por el que la delegada del Gobierno y la vicepresidenta primera de la Ciudad se enfrentan hasta a 15 años de inhabilitación para cargo público por una acusación de prevaricación administrativa continuada, comenzó con la comunicación a Fiscalía de Menores sobre la posibilidad de que hubiera irregularidades en el proceso de repatriación, realizada por la jefa del Área de Menores.
Sin embargo, La Red Española de Inmigración considera que la responsabilidad a nivel escala hacia arriba hasta altos cargos del Gobierno de la Nación, de hasta cuatro ministerios. Un argumento que cobra fuerza después de que hace dos semanas un medio nacional hiciese públicas las declaraciones de la titular de la plaza de los Reyes cuando fue interrogada por la Fiscalía el pasado diciembre, en aquella ocasión durante la fase previa de declaraciones en calidad de “sospechosa”.
Fue entonces cuando la Fiscalía elevó sus pesquisas a un Juzgado de la Ciudad, que imputó tanto a la delegada como a la vicepresidenta primera por un presunto delito de prevaricación, y por el que han vuelto a comparecer en los juzgados, ahora como “investigadas”. La titular de la plaza de los Reyes lo hará previsiblemente el 15 de septiembre tras aplazar su declaración de este miércoles por motivos de salud.
