Las investigaciones por el "Caso Emvicesa" no cesan. La juez, Raquel Lucini, tiene previsto llamar a declarar como investigados a nuevos implicados por cohecho y por tráfico de influencias. Estas personas tendrían una relación directa con la mayor trama de corrupción ocurrida en la ciudad y que tiene que ver con la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial, así ha concluido un informe elaborado por la UDYCO de la Policía Nacional. Las declaraciones se llevarán a cabo a lo largo del mes de diciembre. El día 12 acudirán a los juzgados los citados por cohecho y el 18 los acusados por tráfico de influencias.
Desde que se levantara todo este proceso en junio de 2015 con la publicación de la famosa lista fantasma de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar, ya se han investigado a más de medio centenar de personas, de las cuales cinco están en prisión acusados de delitos como cohecho. Entre ellos, figura el exgerente de Emvicesa, Antonio López, considerado el cabecilla de toda esta presunta trama.
La defensa de López ha intentado en varias ocasiones la puesta en libertad de su defendido, pero de momento el Juzgado no ve indicios suficientes para que el exgerente de Emvicesa abandone la prisión del Puerto de Santa María, donde se encuentra desde mediados de febrero.
Entre los nombres de los investigados han aparecido personas conocidas como las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed, que presentaron su dimisión una semana después de ser detenidas, y el diputado de Caballas, Mohamed Alí. Los tres acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, testificaron en las dependencias de la Policía Nacional, luego ante la juez del caso, para quedar finalmente en libertad con cargos.
