El consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, deberá declarar en el Juzgado el próximo 18 de septiembre en calidad de investigado por la presunta comisión de un delito de prevaricación. Hachuel está acusado de no ejecutar una sentencia judicial que imponía una pena de inhabilitación a dos policías locales condenados por un delito de lesiones con agravante de abuso de superioridad en 2005. La víctima era Abselam Mohamed, de 57 años, padre del líder del Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC), Tarek Mizzian.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 ha dictado una providencia que reabre el procedimiento que la misma juez sobreseyó en septiembre pasado. En marzo de este año, la Audiencia Provincial estimaba parcialmente el recurso planteado por la familia de Abselam Mohamed contra el auto de sobreseimiento e instaba a la instructora a continuar con las diligencias.
La juez también ha llamado a declarar en calidad de testigo a un funcionario de la Secretaría General del Ayuntamiento y ha reclamado a la Consejería de Gobernación que precise en qué fecha se puso en conocimiento de Recursos Humanos el decreto por el que se archivó el expediente disciplinario abierto contra los dos agentes.
El Tribunal Supremo dictó en 2014 una sentencia por la que condenaba a los dos policías a una pena de dos años de prisión y 22 meses de inhabilitación especial. Más tarde, un auto de la Audiencia Provincial acordó que se suspendiera la pena de cárcel y la accesoria de inhabilitación siempre y cuando los dos funcionarios no cometiesen ningún delito durante dos años. Hachuel explicó en su día que pidió asesoramiento a la Audiencia Provincial para determinar si la suspensión concedida a los condenados afectaba o no a la pérdida de su condición de funcionarios. Ante la imposibilidad de recibir este asesoramiento, aseguró el consejero, la consulta se realizó a los servicios jurídicos de la Ciudad que determinaron que los policías locales no perdían su estatus de funcionarios.
