Sucesos/Tribunales

la fiscalía pide tres años de prisión

El empresario José Montes declara este jueves como investigado por un presunto delito de estafa

Dos furgones de la Policía en las puertas de los juzgados (ARCHIVO)
photo_cameraDos furgones de la Policía en las puertas de los juzgados (ARCHIVO)

Se le acusa de no devolver a dos familias el dinero de la compraventa de dos garajes. La Fiscalía pide para el empresario tres años de prisión. 

El empresario ceutí José Francisco Montes declara este jueves en los juzgados como investigado por un presunto delito de estafa. Se le acusa de no devolver a dos familias el dinero de la compraventa de dos garajes. 

Los hechos se remontan a 2010 y 2011 cuando dos familias suscribieron un contrato de compraventa de garajes en el edificio Siena, sito en la calle Real 33. El contrato fue suscrito por los denunciantes con la mercantil ALK CEUTA S.A, de la cual es administrador mancomunado Montes.

"En el citado contrato de compraventa, con ánimo de obtener un ilícito beneficio e inducir a error en los compradores, los acusados hicieron constar expresamente la garantía de devolución de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores, que llegaron a abonar 24.000 euros cada uno de ellos. Los acusados, de común acuerdo y sin intención de cumplir con ello, introdujeron en el contrato la estipulación Quinta: las entregas a cuenta a que se refieren las estipulaciones tercera y cuarta se garantizarán mediante aval, y la estipulación Primera: la parte vendedora entregará a la parte compradora copia del documento en que se formalizan las garantías de las cantidades entregadas a cuenta".

Según ha podido saber Ceuta Actualidad, los acusados suscribieron el citado contrato de compraventa a sabiendas de su intención de no garantizar cantidad alguna, sin suscribir el citado aval ni contratar cuenta bancaria especial en la que ingresar las cantidades a cuenta, y ello, con intención de obtener un ilícito beneficio, disponiendo libremente del dinero entregado. 

Cumplida la fecha de entrega de los garajes adquiridos, los acusados no procedieron a su entrega, "ejerciendo su derecho de resolución del contrato los compradores y estando obligados los acusados a reintegrar los 24.000 euros entregados por cada comprador. A sabiendas de la obligación legal que tenían de devolver estas cantidades, los acusados, de común acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio, no han devuelto las cantidades a las familias afectadas". 

La Fiscalía pide para el empresario tres años de prisión. 

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