El titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Ceuta ha decretado auto de apertura de juicio oral en el Caso Emvicesa y ha fijado las penas para los más de cincuenta implicados. Para el exgerente de la supuesta trama de adjudicación irregular de viviendas de protección oficial, Antonio López, es la pena más alta con una petición de prisión de 26 años, dos más de la petición que realizara el pasado mes de junio la acusación particular, los afectados de la denominada "lista fantasma".
Para el Ministerio Público existe organización criminal, imputación que ha efectuado para la mayoría de los 54 implicados en este largo y amplio procedimiento judicial, cuyo juicio podría celebrarse casi con toda seguridad ya en 2021.
A López le piden penas que suman 26 años de cárcel: 8 por organización criminal en concepto de autor de constituir, organizar, promover, coordinar o dirigir la organización, 6 por cohecho continuado, 6 por falsedad de documentos y 6 por blanqueo de capitales, así como una multa de 5.935.963 millones de euros y 10 años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación continuada.
Se le reclama también el comiso de bienes que se han adquirido por los ingresos que proceden de la actividad delictiva, viviendas automóviles de alta gama, acciones y participaciones.
Fiscalía solicita cinco años de prisión para Mohamed Ali, Rabea Mohamed y Susana Román, por pertenencia a organización criminal y para esta última otros seis años por el delito de falsedad de documentos, así como 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a los tres por prevaricación.
Para los trabajadores de la empresa municipal, la Fiscalía pide hasta 15 años de cárcel. 13 años para Isaac Medina, Salvador Vera, Manuel García y Juan Manuel Zaragosí y 15 años para Teresa Sánchez (a quien se le atribuye además tráfico de influencias), todos como cooperadores necesarios de la trama. Los delitos comunes para los cinco son falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Todos con inhabilitación para cargo y empleo público.
Para Jesús María González Barceló, diputado entonces de la Asamblea y gerente del PP, la Fiscalía pide dos años de prisión por tráfico de influencias y la inhabilitación de empleo y cargo público durante seis años.
La acusación particular pedía una pena de 24 años de prisión para López, curiosamente inferior a la que ahora solicita Fiscalía.
