El Gobierno de Vivas no da marcha atrás en su actuación respecto a las devoluciones de 55 menores marroquíes en agosto del pasado año, y se empecinan en insistir que “se actuó de buena fe”. Es la respuesta del portavoz del Ejecutivo al auto de la magistrada que aboca a la ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos y la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu, a sentarse en el banquillo, ahora en calidad de “encausadas”, por un delito de prevaricación administrativa continuada.
“Acatamos y respetamos todas las resoluciones judiciales. Hasta el momento no se ha producido condena. Se actuó de buena fe convencidos de que el acuerdo (marco hispano-marroquí de 2007) contemplaba los retornos y atendiendo a la situación de emergencia humanitaria”, ha manifestado este lunes Alberto Gaitán después de que el pasado viernes se hiciese público dicho auto en el que recoge la vulneración al acuerdo referido por el portavoz: “las investigadas actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción del artículo 39 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 35 de la LODLE y los artículos 189 a 198 del RLODLE y del propio Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, acordado en Rabat en marzo de 2007”.
Gaitán ha vuelto a parafrasear la defensa a ultranza de Vivas hacia su vicepresidenta que ha manifestado desde los inicios: “Cuenta con todo su apoyo y también recordar lo que dijo, que conocía y autorizó las actuaciones”.
Las contundentes conclusiones de la magistrada Victoria Rodríguez, que el portavoz define de “avance por parte de la administración de Justicia”, deslizan el camino que tomará el caso en su vista oral. No obstante, las defensa dispone de tres días para recurrir o solicitar más diligencias. Respecto a qué decisión se va a adoptar, Gaitán ha preferido guardar silencio, relegándolo a estudio por parte de los servicios jurídicos.
