El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha leído un escrito sobre la denuncia formalizada por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación por omisión que comenzaba recordando la decisión del Gobierno de “no opinar sobre temas judicializados”, por lo que ha pedido a la prensa no le realizara ninguna pregunta de índole judicial o legal.
Bajo esta premisa, y a la espera de que se decida que juzgado de instrucción se encargará de la causa, Hachuel asume cualquier decisión judicial y muestra su plena confianza en la justica y estado de derecho convencido de que no ha cometido ningún ilícito penal.
En cualquier caso, ha querido aclarar que la acusación de prevaricación por omisión es una resolución administrativa “sin relación con la corrupción” y que se trata de la en la ejecución de la aplicación de una sentencia que “afectaba a inhabilitación de dos policías locales “sin comisiones, ni intereses personales, ni económicos, ni favores, ni confusión entre el ámbito de lo público y lo privado”, asevera Hachuel.
El consejero ha defendido que ese respeto a la justicia y al Estado de Derecho también implica la defensa de la presunción de inocencia. “Guillotinar la presunción de inocencia es injusto y hace saltar por los aires la justicia y el estado de derecho”, puntualiza, al tiempo que pide una reflexión “sobre todo a los políticos”.
Preguntado sobre si repetiría la forma de actuar en este asunto, Hachuel firmaría el decreto porque “soy consciente de no haber realizado ningún ilícito penal aunque es posible que administrativamente se pueda corregir algo”. Ha recordado que cuando sucedieron los hechos “estaba recién llegado y no tenía los conocimientos que tiene hoy sobre la función pública, ni los procedimiento administrativos. Hoy actuaría de otra forma pero no distinta a lo que se me acusa”.
Hachuel se ha limitado a ironizar sobre la petición de dimisión del PSOE.
Los hechos
La Fiscalía se remonta a una sentencia por la que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial condenó en 2012 a dos agentes de la Policía Local a una condena de dos años de prisión y dos de inhabilitación especial para el ejercicio de su desempeño profesional.
El decreto dictado por la Fiscalía subraya que la documentación aportada por la Administración y el tenor de la declaración prestada por Hachuel acreditan indiciariamente la concurrencia del delito. El fiscal subraya “lo inverosímil de las manifestaciones realizadas ante la Fiscalía por el sospechoso, que se limitar a alegar desconocimiento de las normas jurídicas aplicables”.
El fiscal critica la “forma anormal” con la que Hachuel dictó en enero de 2016 un decreto de sobreseimiento del expediente abierto por la Consejería a los policías. El decreto, según considera la Fiscalía, “contradecía tanto la propuesta del instructor como el informe emitido por los técnicos de Recursos Humanos”.
Los hechos que dieron lugar a la sentencia dictada por la Sección Sexta se remontan a noviembre de 2005. El juez apreció la concurrencia de un delito de lesiones en la persona de Abselam Mohamed, de 57 años, padre del líder del Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC).
Los agentes ocupaban un furgón policial cuando advirtieron la presencia de Abselam Mohamed, quien conducía un vehículo para el cual carecía de permiso. El seguimiento al automóvil concluyó en una persecución que concluyó con su interceptación.Según describía la sentencia, los policías sacaron del vehículo al conductor a quien golpearon y derribaron antes de colocarle las esposas. La víctima sufrió heridas que le postraron durante cuatro días en el hospital, le obligaron a permanecer de baja durante dos meses y le dejaron secuelas.
