El portavoz del Gobierno y consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha acudido en la mañana de esta martes a los juzgados para prestar declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 4 por un presunto delito de prevaricación administrativa al no ejecutar una condena a dos policía locales que siguen ejerciendo. La pena establecía la inhabilitación de ambos policías, dos años de prisión y dos de inhabilitación especial para el ejercicio de su desempeño profesional. Hachuel firmó un decreto con fecha de 8 de enero de 2016 acordando el sobreseimiento del expediente. El consejero ha llegado a los juzgados pasadas las 11.30 horas mientras que su declaración está prevista a las 12.00 de este martes. "Acateré lo que la justicia disponga", ha afirmado el investigado.
Hachuel no hará más comentarios al respecto hasta que no haya un pronunciamiento judicial en el caso, según ha explicado este martes a los medios de comunicación. Sí ha querido poner de manifiesto su "respeto a la justicia, como no puede ser de otra forma, a la independencia del poder judicial y por supuesto acataré lo que la justicia disponga", ha manifestado el declarante a las puertas de la sede judicial.
Ya han declarado juristas y funcionarios relacionados con el caso. Pasaron por el número 4 el pasado 23 de mayo para responder, entre otras cosas, por el sobreseimiento. La Fiscalía cuestiona la forma “anormal de terminación del expediente que nunca le fue propuesta y que contradecía tanto la propuesta del instructor como los informes emitidos por los técnicos de Recursos Humanos”.
Pese a que Hachuel estaba citado a declarar también el pasado 23 de mayo, el consejero solicitó que, al coincidir con una sesión plenaria, se cambiase la fecha para su declaración que se fijó para este martes.
La Fiscalía ve indicios de delito al considerar “lo inverosímil de las manifestaciones realizadas ante la Fiscalía por el sospechoso, que se limita a alegar desconocimiento de las normas jurídicas aplicables”.
Los dos policías locales fueron condenados por incurrir en un delito de lesiones sobre Abselam Mohamed, de 57 años, padre del líder del Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC), Tarek Mizzian. La familia Mizzian se ha personado en esta denuncia de Fiscalía como acusación particular.
