A.A.M. procuraba darle un aspecto formal a las transacciones. Los negocios no se formalizaban, pese a su empeño, en un escenario convencional ni el lenguaje de las conversaciones era el empleado para las gestiones ante las administraciones. Ni ventanillas de atención al público ni formularios farragosos pendientes de cumplimentar ni dispensador de números para garantizar el turno de los solicitantes. Bastaba un encuentro en plena calle, una explicación sucinta y un apretón de manos.
La declaración ante la juez Raquel Lucini de uno de los compradores de viviendas en las 317 de Loma Colmenar ofrece una acabada descripción del proceder de la trama dedicada a la venta ilegal de casa de protección pública. Todo ello presuntamente y conforme a las pruebas y testimonios recabados por la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta.
J.R.F. era uno de los cientos de solicitantes de vivienda que aspiraba a hacerse con una de las casas de protección pública promovidas por la Ciudad en las 317 de Loma Colmenar. La confidencia de uno de los obreros que trabajaba en la construcción de las viviendas le condujo hasta A.A.M., a quien la investigación identifica como uno de los intermediarios en las operaciones de venta de una organización que estaría encabezada por el exviceconsejero de Vivienda y exgerente de la sociedad municipal Emvicesa, Antonio López.
En la misma obra, al amparo de la noche, J.R.F. y A.A.M. conciertan su primera cita. A.A.M., que se presentó como el intermediario de Antonio López, le informó de la naturaleza del intercambio no sin franqueza: legal no era. El intermediario explicó que el pago requerido constituía una suerte de “reserva” por la que Emvicesa se garantizaría que el adjudicatario disponía de fondos para hacer frente a los pagos de la vivienda. Las tarifas oscilaban entre los 8.000 euros para las viviendas de dos habitaciones y los 15.000 en las que definió como “las mejores”.
Según el testimonio de J.R.F., dos días más tarde visitó junto al intermediario las viviendas de Loma Colmenar. Finalmente, en septiembre de 2014, y ya decidido a afrontar la transacción, organizaron un encuentro durante el cual hizo entrega a A.A.M. de 15.000 euros. Un dinero que, según aseguró en sede judicial, era el fruto de un premio obtenido en un sorteo de la Bonoloto.
El tiempo transcurría sin noticias hasta que en junio de 2015 la publicación en un diario local de una supuesta lista de adjudicatarios de las viviendas de Loma Colmenar desata la alarma del comprador. El intermediario le tranquiliza: es una “estrategia” de Antonio López para despistar a la opinión pública. Después de ésta, saldría la verdadera lista, y en ésa sí figuraría su nombre.
Sin embargo, el escándalo acababa de estallar. La Ciudad presentaba una denuncia que acabaría con el procesamiento de López y, meses después, con su detención e ingreso en prisión.
J.R.F. estaba intranquilo. Sin esperar, reclamó a A.A.M. su dinero. Éste quiso tranquilizarle y le prometió que los 15.000 euros les serían restituidos a la semana siguiente, una vez que López volviera a Ceuta de un viaje. Y ahí acabaron las comunicaciones entre comprador e intermediario.
Comenzó entonces una búsqueda frenética. J.R.F. lo buscó en su trabajo, donde al menos dos personas le preguntaron si, al igual que le había sucedido a otras personas, había perdido su dinero. De allí, se encaminó a la barriada donde residía A.A.M., quien, para entonces, ya conocía que el comprador frustrado andaba tras su paradero.
La reacción fue inmediata. El intermediario telefoneó a J.R.F. para recriminarle que le siguiera los pasos. Esa fue la última conversación entre ambos.
