El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha diseñado un proyecto de regulación para limitar a través de la Ley de Represión del Contrabando el uso de las lanchas de alta velocidad, particularmente las semirrígidas. Para este fin se ha constituido un grupo de trabajo con la participación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Guardia Civil.
El objetivo de esta regulación son las embarcaciones de alta velocidad tipo RHIB (Rigid-hulled inflatable boat), utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de droga y contrabando de tabaco, dotadas con hasta cuatro motores fueraborda capaces de alcanzar una potencia de un millar de caballos, cuatro veces más que un motor fueraborda tipo.
Entre las propuestas barajadas figura la posibilidad de incautar estas lanchas incluso en tierra, aun cuando no porten cargamentos ilícitos. La actuación sobre este tipo de embarcaciones ha sido una demanda largo tiempo planteada por el movimiento contra la droga que, como sucede en el Campo de Gibraltar, ha denunciado cómo este tipo de “narcolanchas” constituyen el fundamento de la actividad de los traficantes.
