Sucesos/Tribunales

Palomo señala que el Gobierno incumplió la ley y la apartó de las repatriaciones por desacuerdo

Toñi Palomo, jefa del área de Menores, acude a declarar por las repatriaciones
photo_camera Antonia Palomo, jefa del Área de Menores, a su salida del Juzgado donde ha declarado como testigo en el caso de las repatriaciones.

La jefa del Área de Menores ha declarado como testigo en el marco del proceso abierto por la Fiscalía: "Ni se llegó a escuchar a los menores", ha dicho. La acusación particular estudia proponer a nuevos testigos e, incluso, abrir otro procedimiento judicial.

Sin hacer declaraciones salía del Juzgado la jefa del área de Menores, Antonia Palomo, que este jueves ha declarado como testigo en el caso de las repatriaciones de los menores marroquíes que se llevó a cabo durante el verano del pasado año, tras la entrada masiva en mayo de 2021.

Su relato se terciaba clave para el transcurso del procedimiento. y así ha sido. Según la información a la que ha podido tener acceso este medio, ha señalado que “jamás se reunió la Comisión competente de Menores”, así como que “jamás se procedió a constituir formalmente la tutela o la guarda”.

Además, ha apuntado que la Ciudad la apartó del proceso tras sus enfrentamientos con las autoridades políticas derivados por el desacuerdo en las decisiones que se adoptaron, a la vez que ha afirmado que “jamás se pidieron informes de vulnerabilidad por parte de la Ciudad”, a la vez que ha reconocido que dicho trámite es competencia exclusiva del funcionario. Con ello, ha avalado la tesis de cómo ‘Save the Children’ (entidad a la que supuestamente se le encargaron los informes de los menores) solo pudo iniciar acciones, pero no era responsable de emitir ningún informe de vulnerabilidad.

Ha manifestado, además, que dicha entidad “no llegó siquiera a hablar o entrevistar con los menores tutelados y que jamás se les prestó asesoramiento jurídico”.

A raíz de estas declaraciones, la Red Española de Inmigración, que ejerce como acusación particular, ha manifestado que evaluará “nuevas medidas” que van desde la propuesta de nuevos testigos hasta el estudio, “habida cuenta de la grave dejación en la contratación pública y su seguimiento”, de abrir otro proceso al constatar que “jamás se respetó la normativa de infancia en ninguno de estos menores”.

Por sede judicial también ha pasado un jefe de la Policía Nacional en la frontera, llamado a declarar como testigo. El representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad ha señalado en sala que “no recibió jamás órdenes por escrito”, a la vez que a señalado a varios superiores que la acusación particular va a llamar como testigos.

Asimismo, desde la acusación particular han manifestado que la jueza ha bloqueado las preguntas sobre los fondos, su seguimiento y la contratación pública. “Esto provocará que la Red pida y presente nuevas medidas al respecto dado las afirmaciones de algunos testigos que acreditan la falta de viabilidad y total inoperancia de instalaciones así como el nulo control y seguimiento de dichos servicios”.

Si bien la pasada semana compareció la vicepresidenta del Gobierno y hasta hace unos meses competente de Menores, Mabel Deu, en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación. Este jueves debía hacer lo propio la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, investigada por las mismas razones, pero que ha vuelto a posponer su declaración hasta el 5 de octubre por motivos de salud.

La Fiscalía denunció en junio tanto a Deu como a Mateos por presunto delito continuado de prevaricación administrativa por considerar que, en la expulsión a Marruecos de 34 menores inmigrantes no acompañados en agosto del pasado año, “se ha omitido de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”.

Este proceso por el que la delegada del Gobierno y la vicepresidenta primera de la Ciudad se enfrentan hasta a 15 años de inhabilitación para cargo público por una acusación de prevaricación administrativa continuada, comenzó con la comunicación a Fiscalía de Menores sobre la posibilidad de que hubiera irregularidades en el proceso de repatriación, realizada por la jefa del Área de Menores.

 

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