Sucesos/Tribunales

CASO LOMA COLMENAR

La juez decide suspender las declaraciones de los antiguos miembros de la Comisión Local de la Vivienda

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photo_camera El abogado de los afectados, Jorge Gil, junto a sus clientes a la puerta del juzgado /ANTONIO SEMPERE

La comparecencia estaba prevista para el viernes 9 de octubre. De momento no hay fecha fijada para la reanudación de la suspensión. La juez del caso ha solicitado las actas de la Comisión Local de la Vivienda desde 2010. 

Nueva modificación en el caso Loma Colmenar. Ahora la juez, Raquel Lucini, ha decidido suspender las declaraciones previstas para el viernes 9 de octubre. Estaba previsto que en esta jornada compareciera en los juzgados los antiguos miembros de la Comisión Local de la Vivienda, pero esta cita tendrá que esperar. De momento no se ha fijado nueva fecha.

Al parecer, la magistrada ha requerido una nueva documentación para ir completando el caso. En concreto, las actas de la Comisión Local de la Vivienda desde 2010. 

El día 9 debían acudir a los juzgados en calidad de testigos la consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, como representante del PSOE, Milagros García, que en su día sustituyó a José Antonio Carracao, Mohamed Alí por Caballas y dos técnicos de Emvicesa. 

 

Tras dictar el auto

Previamente a esta suspensión, la magistrada decidía posponer también la celebración del sorteo de las 317 VPO de Loma Colmenar. Raquel Lucini aseguraba que no concurrían los requisitos para acordar la paralización del sorteo como medida cautelar, aunque decretaba su suspensión hasta que el auto sea firme y así evitar perjuicios a los nuevos adjudicatarios, a denunciantes y a aquéllos que de algún modo pudieran verse perjudicados.

Mañana concluye el plazo del que disponen las partes para presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. Una vez resuelto el recurso, el auto adquirirá firmeza, y por consiguiente el sorteo se podría llevar a cabo. 

La juez establece así una medida que pretende preservar los intereses de las personas afectadas por el procedimiento judicial abierto por la comisión de presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas.

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