La juez Raquel Lucini ha desestimado el sobreseimiento libre de la causa abierta contra cuatro de los trabajadores de la sociedad municipal Emvicesa investigados por su presunta relación con una trama de adjudicación irregular de viviendas de protección oficial.
La defensa de I.M.P., M.G.P., T.S.A. y S.V.O. había planteado en un escrito presentado a finales del pasado julio sus objeciones a la permanencia de sus representados como investigados en el proceso. “Ni de los correos electrónicos analizados se ha obtenido nada, ni ningún investigado por cohecho activo (particular) ha manifestado que haya pagado cantidad alguna a mis mandantes, ni existen conversaciones telefónicas que demuestren participación alguna de mis mandantes”, argumentaba el escrito.
El abogado defensor llegaba a atribuir a las diligencias de investigación practicadas una “clara debilidad” e, incluso, mantenía que no cabía imputarles un delito de prevaricación administrativa “por no ostentar mis defendidos la condición de funcionario público”.
La juez Luicini instruye desde febrero del pasado año la causa por la presunta comisión de irregularidades en la transferencia de viviendas de protección pública. En el procedimiento están imputados, entre otros, el exgerente de la sociedad municipal Emvicesa, las exconsejeras populares Susana Román y Rabea Mohamed y el diputado a la Asamblea por Caballas, Mohamed Alí.
