tras prestar declaración en el juzgado número 2

La juez imputa un delito de cohecho al gerente de Amgevicesa

El abogado de Díaz ha confirmado que "en principio" se le imputa un delito de cohecho. Tras prestar declaración, la magistrada no ha dictado ningún tipo de medida cautelar contra el gerente de Amgevicesa.

antonio diaz amgevicesa entrando juzgado
photo_camera Antonio Díaz entrando en el juzgado para prestar declaración (C.A.)

El gerente de Amgevicesa, Antonio Díaz, abandonaba entorno a las 12.15 horas el juzgado de Instrucción número 2 acompañado de su abogado después de haber prestado declaración ante la jueza por su presunta vinculación con una red dedicada a la venta de vehículos en depósito judicial.

El letrado de Díaz, Carlos García Selva, ha explicado a la salida que “poco podemos comentar ya que las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario” aunque espera que toda esta situación “no dure demasiado por el bien de Antonio”. García Selva ha confirmado que “en principio se le acusa de cohecho” y la jueza no ha tomado ningún tipo de medida cautelar mientras continúan las investigaciones.

El escándalo saltó el pasado jueves cuando tres personas fueron detenidas por su vinculación con una trama dedicada a la venta de vehículos en depósito por orden judicial. De los tres detenidos, dos de ellos (el exresponsable de la Gerencia de Justicia, que fue arrestado en Sevilla y trasladado el jueves a la ciudad y un empresario) ingresaban en prisión a mediodía del viernes.

No fue hasta el lunes cuando el asunto saltaba a las filas del PP. A primera hora el gerente de Amgevicesa, Antonio Díaz, acudía por su propio pie a prestar declaración ante la Guardia Civil de donde salía detenido. A lo largo de la mañana fue puesto en libertad con cargos. 

La operación se inició cuando el propietario de un vehículo que había sido intervenido acudió al depósito para recuperar su coche, que era de alta gama, y se percató de que el mismo había desaparecido, iniciándose la investigación. El depósito municipal de vehículos dejó de ser en 2012 el destino de los coches requisados por orden judicial. Hace dos años y medio, la Administración de Justicia detectó y alertó en una instrucción de que se venían presentando de forma "sistemática" facturas por distintos depositarios de vehículos que "con atento oficio" eran remitidas a la Gerencia Territorial para su pago hubiesen sido o no intervenidos judicialmente los automóviles a que hacían referencia.