este miércoles a las 9.45

La Justicia llama a declarar a Román, Martínez y Caminero

La cita será este miércoles a las 9.45 en el Juzgado de Instrucción número 5, en el marco de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por la asociación "Conciencia Libre" al objeto de esclarecer posibles ilícitos penales en los pagos de publicidad efectuados a Ceuta TV entre 2012 y 2015 por cerca de 800.000 euros.

Consejo gobierno susana roman 29-7-2016 (8)
photo_camera La consejera de Hacienda, Susana Román, está llamada a declarar como imputada / ARCHIVO /C.A.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta citaba a declarar el pasado 12 de agosto al senador Guillermo Martínez; a la consejera de Hacienda, Susana Román; y al interventor de la Ciudad, José María Caminero, en el marco de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada el pasado 20 de julio por la asociación "Conciencia Libre" al objeto de esclarecer posibles ilícitos penales en los pagos de publicidad efectuados a Ceuta TV entre 2012 y 2015 por cerca de 800.000 euros. A los citados se les está investigando por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y desobediencia. En el caso de Román y Caminero están citados como imputados, mientras que Martínez irá como testigo al ser aforado. 

La cita será este miércoles a las 9.45 en los juzgados. De momento, Román y Caminero no se han pronunciado. Por su parte, Martínez aseguraba a Ceuta Actualidad que no tenía nada que ocultar y que iba a colaborar con la investigación. 

Durante todo este tiempo, el Gobierno ha manifestado su apoyo y seguridad en el buen hacer de las tres personas citadas. 

Las diligencias se refieren al mismo asunto que está siendo revisado por el Tribunal de Cuentas a instancias de la empresa "Ferrer y Cía" propietaria de "El Faro" y que tiene que ver con los pagos de publicidad a la empresa editora de "Ceuta TV".

Todo este alboroto sucede cuando el PP ha asumido y aceptado las condiciones impuestas por Ciudadanos. Casualmente, entre ellas se encuentra la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente, cuando los indicios que señalan a un investigado-imputado le llevan a estar procesado, por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial", así como el asunto de los aforados.