Alrededor de las 17.00 horas, tranquila, acompañada por sus asesores más cercanos y la abogada del Estado, y mostrando cierto ánimo de comunicación. Sin el típico estado veloz de todos los que atraviesan ese paseíllo de los juzgados en un intento de esquivar los focos. La delegada del Gobierno se ha parado y, aunque escuetamente, ha respondido sobre la actitud con la que regresaba a declarar -después de posponer las dos citaciones previas por motivos de salud-, ahora en calidad de “investigada”, por su relación con la repatriación de menores que se llevó a cabo durante el verano del pasado año, tras la entrada masiva de marroquíes en mayo de 2021.
Salvadora Mateos no ha ocultado su deseo porque finalice un procedimiento que no parece que vaya a ver su punto y final de forma inminente, “a no ser que se declare un sobreseimiento de la causa, y no lo parece”, como deslizaba horas más tarde el abogado de la acusación particular representada por la Red Española de Inmigración. Para la titular de la institución de la plaza de los Reyes “es una injusticia”, afirmaba antes de entrar en sala. Reiteraba también la situación coyuntural a la que se enfrentaron por la que ha vuelto a defender el acuerdo hispano-marroquí, y que no se siguiese a rajatabla la Ley del Menor, o más bien que se vulnerasen diferentes procedimientos. “Hicimos lo que teníamos que hacer, en un momento que lo teníamos que hacer”, ha dicho este jueves la delegada.
Se ha referido con ello a la expulsión a Marruecos de 34 menores inmigrantes no acompañados en agosto del pasado año. Un hecho que la Fiscalía denuncio en junio de 2021 por presunto delito continuado de prevaricación administrativa, al considerar que "se ha omitido de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho".
También reconocía Mateos, previamente a su declaración, que se ratificaría en su exposición del pasado diciembre cuando, entre otros, denotó en sus explicaciones la ausencia de información con la que trabajaron durante aquellos días de agosto, la poca colaboración de Marruecos, la implicación del Ministerio del Interior y el Gobierno central o el aviso de la responsable de Menores de Ceuta, que advirtió de que el procedimiento que iban a usar para devolver a los jóvenes no era el adecuado. “Las devoluciones de los menores la acordó el Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Marruecos”, dijo hace diez meses la titular de Delegación. Se desconocen las palabras exactas que ha esgrimido esta vez, aunque adelantaba que "no tengo otra cosa". No obstante, Mateos ha rehusado contestar a las preguntas de la acusación particular, como sí lo ha hecho con la propia defensa y la Fiscalía.
Más de dos horas ha permanecido en sala relatando lo acontecido Mateos. Salía de las dependencias judiciales, quizá agotada, pero sí que menos elocuente que a su llegada, limitándose a esgrimir un “todo ha ido bien”. La dirección que tomen las aguas está en manos de la titular del Juzgado número 2, que tiene que decidir si admite o no algunas pruebas presentadas por las partes, así como la posibilidad de llamar a personas aforadas, como pueda ser el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
