Sucesos/Tribunales

Mateos llega a los juzgados: "Es una injusticia, hicimos lo que teníamos que hacer y en su momento"

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photo_camera La delegada del Gobierno llegando a los juzgados (C.A.)
La delegada del Gobierno, acompañada por parte de su equipo, ha acudido a declarar como investigada por el caso de la devolución de menores en agosto del año pasado. 

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, llegaba a primera hora de la tarde a los juzgados donde ha sido llamada como investigada por un presunto delito de prevaricación continuada en la devolución en agosto del año pasado de 55 niños marroquíes solos al país vecino siguiendo un procedimiento al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería.

Mateos acudía con parte de su equipo. Ante las preguntas de los periodistas, la delegada ha asegurado que está deseando acabar con esto "porque es una injusticia, hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que lo teníamos que hacer".

También ha manifestado que su declaración va a ser similar a la que ya realizó en diciembre, "no tengo otra cosa". En ese momento, Mateos responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Fiscalía de esta devolución de menores. 

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La declaración de la delegada ha sido pospuesta en dos ocasiones por motivos de salud. La consejera, Mabel Deu, acusada de lo mismo declaró hace unas semanas. 

La actuación de Mateos y Deu ya ha sido condenada por la vía contencioso-administrativa tanto tanto en primera como en segunda instancia, aunque la Delegación y la Ciudad han llevado el asunto hasta el Supremo.

Según el Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA), la actuación material de la administración, "exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes".

La Delegación y la Ciudad siempre han defendido su proceder en la existencia de una situación "de emergencia humanitaria" en la ciudad autónoma causada por la entrada irregular de unas 12.000 personas en 72 horas en territorio español y en la existencia de un Acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 para el "retorno asistido" de menores solos.

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