LA JUNTA DE PERSONAL AUGURA "UN CAOS TOTAL"

El objetivo de erradicar el uso del papel de los órganos judiciales deja en evidencia las carencias de la Justicia en Ceuta

La obligación impuesta por el Gobierno para que las comunicaciones entre los profesionales de los órganos judiciales se sustancien exclusivamente a través de medios informáticos entraba en vigor este viernes. A juicio de los sindicalistas ceutíes, el plan para erradicar todo rastro de papel en la Administración de Justicia no hace sino poner de manifiesto las carencias que lastran el funcionamiento de los juzgados en la ciudad. “La eliminación del papel que se pretende supondrá, con los medios técnicos, electrónicos e informáticos con los que trabajamos, un caos total", augura el presidente de la Junta de Personal, Miguel Ángel Medina. 

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photo_camera Interior del Palacio de Justicia/ ANTONIO SEMPERE

El Ministerio ha fijado la del primer día del año 2016 como la fecha del inicio de la “revolución digital” en la Administración de Justicia. Desde el pasado viernes, y por designio del ministro en funciones, Rafael Catalá, queda establecida la obligación de que las comunicaciones entre los profesionales del ámbito de la Justicia se sustancien exclusivamente a través de medios informáticos.

Letrados y procuradores deberán presentar sus escritos a través del sistema Lexnet, una plataforma telemática de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales. El proceso para la eliminación total del papel habrá de concluir el próximo 7 de julio.

Pero, ¿son realistas estas proyecciones? ¿Existe alguna certidumbre acerca de que la Justicia en Ceuta pueda llegar a cumplir con estas previsiones hasta erradicar todo rastro de papel de sus procedimientos? Las respuestas que los representantes de los trabajadores ofrecen a estas preguntas hacen barruntar serias dudas al respecto.

Los sindicatos no han cesado de denunciar el precario estado de la infraestructura informática a disposición de los órganos judiciales en Ceuta. “El sistema de gestión procesal Minerva se cae frecuentemente; la lentitud del Lexnet te lleva a la desesperación, y eso los días que funciona; y a esto súmale que el Fidelius, un sistema para la grabación de juicios, no funciona correctamente, pues cuando no falla el audio, fallan las imágenes”. Quien ofrece esta desalentadora descripción es el presidente de la Junta de Personal de Justicia de Ceuta, el sindicalista de CCOO Miguel Ángel Medina.

El proyecto de “papel cero” impuesto por el Gobierno para la presentación de escritos ante juzgados y tribunales no hace sino poner en evidencia las carencias de la Administración de Justicia. Una precariedad que, por supuesto, también encuentra su asiento en Ceuta.

Los portavoces de los empleados públicos de la Justicia ceutí sostienen que cualquier proyecto encaminado a propiciar la eficiencia de este servicio esencial pasa por un incremento de las inversiones. “La eliminación del papel que se pretende supondrá, con los medios técnicos, electrónicos e informáticos con los que trabajamos, un caos total –augura Medina- A día de hoy, el papel cero es sinónimo de incertidumbre y fracaso”.

La implantación de las nuevas oficinas judicial y fiscal, uno de los objetivos establecidos en el Plan de Modernización 2009-2012 aprobado por el Consejo de Ministros, ha tenido en Ceuta, a juicio de los representantes sindicales, un efecto contrario al buscado. A ojos de los miembros de la Junta de Personal, la primera de las consecuencias aparejadas al cambio de modelo ha sido una notable pérdida de personal que ha contribuido a que, en algunos casos, el tiempo para la resolución de los litigios se haya llegado a multiplicar por tres.

Según las estimaciones de los sindicalistas, tras la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), las plantillas de los juzgados de primera instancia se han visto reducidas a la mitad con el propósito de abastecer de trabajadores a los nuevos servicios comunes procesales. Las peticiones de personal de refuerzo para la NOJ no han sido atendidas, al contrario de lo ocurrido en las experiencias desarrolladas en ciudades como Burgos o Murcia. “Se ha demostrado que la NOJ no puede sobrevivir sin un incremento de la plantilla si lo que queremos es que este nuevo sistema organizativo repercuta en una verdadera agilización de la justicia”, sostiene el presidente de la Junta de Personal.

 

Un diagnóstico crítico

La entrada en funcionamiento de la NOJ debería haber repercutido en la mejora de los servicios y la agilización de los procedimientos en el ámbito del trabajo judicial. El sindicalista de CCOO no cree que esto haya sucedido. Antes al contrario Medina considera que la Nueva Oficina Judicial ha traído consigo una mayor descoordinación, un incremento de la burocracia con la multiplicación de trámites, una mayor carga de trabajo que ha de afrontarse con escasez de medios personales y materiales y, a la postre, una menor eficacia. Un diagnóstico, desde luego, demoledor.

“El desánimo es diario porque la distribución del trabajo resulta tan desigual que lleva a algunas personas a tramitar el equivalente de lo que antes hacían entre tres o cuatro”, explica el presidente de la Junta, quien recuerda que el modelo de la NOJ fue impuesto sin consultar a los representantes de los trabajadores. “Entre otras cosas, el engranaje principal, el expediente digital, falta y sin esa pieza la NOJ no puede funcionar como debiera”, sentencia.

Las carencias se extienden también a las infraestructuras. La inexistencia de una sede física única para todos los órganos judiciales ceutíes, subrayada en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lastra la eficacia que cabría suponer al nuevo modelo encarnado por la NOJ. Actualmente, los distintos servicios judiciales se distribuyen en cinco edificios distintos, lo que convierte a la ciudad en la única localidad donde la Nueva Oficina Judicial ya ha sido implantada que carece de sede única.

La construcción del Palacio de Justicia en el edificio que fuera sede en su día del Banco de España es un proyecto largo tiempo prometido que, a día de hoy, continúa sin ejecutarse.  Los sindicalistas juzgan que las inversiones de más de 3 millones de euros formalizadas antes de la implantación de la NOJ no han servido para paliar las deficiencias de las infraestructuras. “Pese a tanta obra y tanta reforma, seguimos padeciendo goteras en invierno y calores en verano, hacinamiento, incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, denuncias continuas de la Inspección de Trabajo...”, lamenta Medina.

A todo ello, los representantes de los funcionarios suman las consecuencias que tendrán las nuevas exigencias impuestas a los órganos judiciales a través de las modificaciones legales impulsadas por el actual Gobierno. El establecimiento de un plazo de 6 meses como máximo para la instrucción de causas penales ocasionará un incremento de la carga de trabajo que, con los actuales medios, los sindicatos consideran imposible sacar adelante.