La empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II y su filial Extensia, que ejercen la acusación particular en el caso Lezo, reclaman hasta 11 años de cárcel al exdelegado del Gobierno, Luis Vicente Moro.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, es el máximo implicado en esta trama por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación a la compra presuntamente fraudulenta de la sociedad brasileña Emissao, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiario.es. Los investigadores calculan que esta operación, que tuvo lugar en noviembre de 2013, generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas. A González también le piden 11 años de cárcel.
Moro, vinculado al grupo empresarial Essentium, habría propuesto a González que el Canal comprara Emissao "pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales".
El instructor de la causa, Manuel García Castellón, concluye que la compra de Emissao se hizo a un "sobreprecio indebido" para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales. La empresa pública de aguas pagó por el 75% de la mercantil brasileña 31 millones de dólares, cuando costaba entre 17,9 y 22,2 millones de dólares, según ha revelado la investigación. Esa cantidad incluiría los 5,4 millones de dólares que se iban a repartir en "ilícitas comisiones" parte de los investigados. García Castellón procesó en noviembre a siete acusados en esa causa.
