Lunes. 11.12.2017 |
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Ceuta Actualidad

IMPLICADOS CUATRO PROPIETARIOS DE GESTORÍAS DE LA CIUDAD

La red que confeccionaba contratos laborales fraudulentos cobraba por cada uno entre 850 y 6.000 euros

Oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (C.A.)
Oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (C.A.)

La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de trece personas. Los contratos fraudulentos se vendían a ciudadanos marroquíes para conseguir permisos de residencia en España o justificar la suficiente solvencia económica con el fin de conseguir su renovación o acceder a subsidios públicos.

La red que confeccionaba contratos laborales fraudulentos cobraba por cada uno entre 850 y 6.000 euros

Entre 800 y 6.000 euros. Éstas eran las tarifas que cobraba una organización delicitiva por los contratos fraudulentos que adquirían ciudadanos marroquíes para conseguir permisos de residencia en España o justificar la suficiente solvencia económica para conseguir su renovación o acceder a subsidios públicos.

La denominada Operación Paloma, que ha permitido la detención hasta el momento de trece personas, ha supuesto dos años de investigaciones en torno a las actividades de dos gestorías radicadas en Ceuta.  

La confección de los contratos requirió, tal y como avanzó Ceuta Actualidad, del concurso de empresarios gestores y personas autorizadas con clave para su elaboración. Éstos últimos serían los encargados de acceder a las aplicaciones telemáticas donde se colgaban los datos de los presuntos trabajadores y sus contratos a fin de que el Servicio de Empleo Público Estatal y la Tesorería de la Seguridad Social procedieran a darlos de alta.

Los contratos se redactaban en las gestorías implicadas para empresas que daban de alta a los supuestos trabajadores para las que, en ningún caso, llegaron a prestar servicio. Los implicados hacían uso de estos contratos sin necesidad de abonar las cuotas de la Seguridad Social.

 

Tarifas

Las tarifas de la red dependían de la modalidad del contrato solicitado. Así, los compradores pagaban 850 euros por contratos de corta duración, 3.000 por contratos de seis meses y 6.000 si el compromiso laboral se prolongaba durante uno o más años.

Los miembros del grupo, que han mantenido su actividad durante largo tiempo, actuaban de manera coordinada y tenían asignadas funciones concretas.

Todos ellos estaban aleccionados para saber cómo conducirse en caso de una vista de los inspectores de Trabajo y disponían de un perfecto conocimiento del sistema establecido para las altas de los trabajadores.

Hasta el momento han sido detenidos cuatro propietarios de asesorías, una de sus empleadas y otros dos empresarios, a los que se acusa de la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social, falsedad de documentos públicos y asociación ilícita. También han sido arrestados cuatro marroquíes y dos españoles como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y de falsedad documental.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en estrecha colaboración con la Oficina de Extranjeros, el Servicio de Empleo Público Estatal, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en especial, con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La red que confeccionaba contratos laborales fraudulentos cobraba por cada uno entre 850 y 6.000 euros