El Gobierno apoya a Chandiramani después de que Román la denuncie por dar «información mendaz» sobre el Caso Emvicesa

La exconsejera de Fomento, investigada en el Caso Emvicesa, acusa a Chandiramani de  la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento público y estafa.

Susana Román, a la izquierda, y Kissy Chandiramani (C.A./ARCHIVO)
photo_camera Susana Román, a la izquierda, y Kissy Chandiramani (C.A./ARCHIVO)

La exconsejera de Fomento por el PP Susana Román ha interpuesto una  denuncia penal en el Juzgado de Instrucción de guardia contra la actual consejera de Hacienda y Economía, Kissy Chandiramani, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento público y estafa. Román sostiene en su denuncia que Chandiramani aportó «información mendaz» a la autoridad judicial durante el procedimiento todavía abierto por el denominado Caso Emvicesa, que investiga la adjudicación fraudulenta de viviendas de propiedad pública.

Ante la acción judicial emprendida por Román, el Gobierno de la Ciudad se ha puesto del lado de Chandiramani. En un comunicado, el Gobierno municipal subraya que en el procedimiento del Caso Emvicesa la consejera se limitó a aportar la información que le fue requerida por el juez. «Los hechos referidos ocurrieron antes de ser nombrada como gerente de dicha sociedad, por lo que la intervención de Kissy Chandiramani en el procedimiento del denominado “Caso Emvicesa” fue exclusivamente la de atender, con los datos que le fueron proporcionados, los requerimientos de información de la autoridad judicial», se señala en la nota. El Gobierno sostiene que hasta el momento no ha tenido comunicación oficial de la denuncia, cuyo contenido solo conoce a través de los publicado por los medios de comunicación.

 

La denuncia

La denuncia, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceuta Actualidad, mantiene que Chandiramani habría ofrecido informaciones «faltando a la verdad» que habrían acabado apuntado a la implicación de la exconsejera en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 3. El caso está pendiente de la celebración de juicio en octubre en la Audiencia Provincial.

La representación legal de la exconsejera de Fomento, imputada en el procedimiento abierto por el Caso Emvicesa, asegura que Chandiramani identificó a Román entre los miembros de la Comisión Local de la Vivienda que el 1 de febrero de 2012 establecieron los criterios de adjudicación de 600 viviendas protegidas e instaron a la sociedad municipal Emvicesa a elaborar la lista de solicitantes. La investigación trataba de discernir la existencia de una trama de compra-venta ilegal de viviendas de protección oficial que señalaba a quien en 2011 era el gerente de Emvicesa, Antonio López, principal procesado en la causa.

La denuncia argumenta que Chandiramani elaboró, siendo gerente de Emvicesa, un informe que hizo llegar al juez en el que se confirmaba la pertenencia de Román a la Comisión Local de la Vivienda, un documento que ahora la defensa de la exconsejera califica de «mendaz».

La representación legal de la exconsejera opone que en la fecha de la reunión de la Comisión Local de la Vivienda el consejero de Fomento era Guillermo Martínez, por los que no resultaba posible que Román formara parte de la Comisión. «La  identificación de la señora Román como miembro de la Comisión Local de la Vivienda en la legislatura 2011-2015 del folio 1764 es incompatible con el hecho de que la incorporación de la señora Román a la Comisión Local de la Vivienda se produce en la sesión del 1/08/2012, cuya acta consta, remitida por la propia gerente, en el folio 594 de las diligencia previas», reza la denuncia.

Los abogados de Román acusan también a Chandiramani de faltar a la verdad al asegurar en un informe de fecha del 14 de diciembre de 2016 que la adjudicación de las viviendas correspondía en exclusiva a la Comisión Local de la Vivienda. Este extremo es negado en la denuncia: «Puede constatarse en las actas de adjudicaciones anteriores que la Comisión Local únicamente determina el sistema de adjudicación de cada promoción, que es ejecutado por Emvicesa, competente en materia de vivienda. Una vez seleccionados a los adjudicatarios por parte de Emvicesa, se remiten a la Comisión Local de la Vivienda para “aprobación” o “dar cuenta” en función de si las adjudicaciones están o no cerradas».

La defensa de la exconsejera también reprocha a Chandiramani no haberse ajustado a la verdad cuando testificó ante el juez que resultaba obligado efectuar la baremación de las solicitudes en el procedimiento de 170 viviendas de protección de Loma Colmenar investigadas.

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