Sucesos/Tribunales

han sido citados a declarar el próximo 18 de diciembre

Román, un funcionario municipal y un policía, entre los investigados por tráfico de influencias en el caso Emvicesa

Edificio del Palacio de Justicia (C.A.)
photo_cameraEdificio del Palacio de Justicia (C.A.)

A raíz de material incautado en la investigación de la causa de Emvicesa, se ha abierta otra pieza en la que se ha empezado a investigar si se ha producido un delito de tráfico de influencias por parte del encausado principal en aquella pieza, Antonio López, exgerente de la empresa municipal de la vivienda, con otras personas físicas, algunas de ellas ya relacionadas con la causa y otras  sin relación alguna. 

La exconsejera Susana Román, un funcionario municipal, un agente de la Policía Nacional y un reputado abogado de la Ciudad vinculado a Ciudadanos son algunas de las nueve personas que tendrán que declarar ante la juez el próximo día 18 investigados por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias en el marco del caso Emvicesa.

A raíz de material incautado en la investigación de la causa de Emvicesa, se ha abierta otra pieza en la que se ha empezado a investigar si se ha producido un delito de tráfico de influencias por parte del encausado principal en aquella pieza, Antonio López, exgerente de la empresa municipal de la vivienda, con otras personas físicas, algunas de ellas ya relacionadas con la causa y otras  sin relación alguna. 

Para ello, la juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha citado a declarar en las ultimas semanas de diciembre a nueve personas, a las que para garantizar su defensa se las cita como investigadas, con el derecho a acudir con abogado, y a las que se interrogará sobre presuntos favores en asuntos de viviendas. 

Las investigaciones abiertas ante los indicios que apuntan a irregularidades en la concesión de viviendas de protección oficial mantienen en la cárcel desde el pasado febrero a Antonio López, y a quien la juez Raquel Lucini considera como uno de sus colaboradores. Ayer mismo, Lucini ordenaba la puesta en libertad bajo fianza de 60.000 euros de un policía portuario que permanecía en prisión.

Antes de estas declaraciones, tendrán que comparecer ante la juez otras personas implicadas en el caso y a las que se les imputa la presunta comisión de un delito de cohecho.

Entre los investigados en este proceso figuran las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed, que presentaron su dimisión una semana después de ser detenidas el pasado mes de febrero junto al diputado de Caballas, Mohamed Alí. Los tres están acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

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