Las viviendas públicas se han otorgado en Ceuta sin consideración alguna a las circunstancias socioeconómicas de los adjudicatarios. Este reproche, que ya formulaba la juez Raquel Lucini en su auto de levantamiento del secreto que pesaba sobre el sumario, también está contenido en las declaraciones prestadas en calidad de testigos por los trabajadores de la Consejería de Servicios Sociales.
“En diez años que llevo trabajando, nunca he enviado nada a Emvicesa”, asegura a la juez uno de los trabajadores sociales. Según se desprende de estas testificales, los servicios sociales municipales nunca fueron requeridos para establecer una baremación ni para seleccionar a los demandantes de vivienda pública.
La jefa de servicio de la Consejería, antes de confirmar ante la juez lo que sus compañeros habían declarado, llega a asegurar que nunca tuvieron participación en esos procedimientos, aunque, a su juicio, deberían haberla tenido.
El procedimiento para la adjudicación de las casas de la promoción de las 170 de Loma Colmenar, una de las que se encuentra bajo el escrutinio de la investigación judicial, era, por lo que se infiere de las palabras de los testigos, absolutamente desconocido por los trabajadores sociales. El desconocimiento acerca de los criterios que pudieron emplearse para configurar la lista de beneficiarios de vivienda resulta una constante en las manifestaciones de quienes, sobre el papel, deberían de haber informado acerca de las circunstancias sociales de los aspirantes.
En el caso de las 170, por ejemplo, figuraban 30 personas que ni siquiera se encontraban registradas en la base de datos de usuarios de Servicios Sociales.
La displicencia con la que los responsables de los procedimientos de adjudicación trataban a los técnicos de la Consejería se evidencia en la práctica adoptada en Emvicesa de remitir a los aspirantes a Servicios Sociales tan sólo para gestionar certificados que acreditasen su condición de usuarios. “Nunca se ha hecho un informe social”, ha asegurado a la jueza uno de los trabajadores. Y, más allá, la misma jefa de servicio confiesa desconocer que hubiera cupos para servicios sociales en otras promociones de vivienda pública.
De hecho, la única intervención de la Consejería de Servicios Sociales en los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas se produjo en la promoción de las 317 una vez que se destapó el escándalo. Los equipos de trabajadores sociales remitieron entonces a Emvicesa una lista con los beneficiarios del programa de alquiler y los usuarios de los alojamientos alternativos.
