El exconsejero de Gobernación, Jacob Hachuel, se ha sentado en el banquillo de los acusados este martes por la petición de pena que para él pide la acusación particular "prevaricación administrativa", en un asunto donde el fiscal no aprecia delito.
Ha sido el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz el que ha escuchado al expolítico, que ha negado haber actuado como un "prevaricador" en ningún momento, en el caso de los dos agentes de la Policía Local que no fueron inhabilitados al producirse el sobreseimiento del expediente disciplinario tras si incoación.
La acusación particular defiende, sin embargo, que Hachuel firmó un decreto en 2016 "a sabiendas que era injusto", que suponía el sobreseimiento del caso. Piden, por eso, su inhabilitación.
La acusación defiende en este caso a la familia Mizzian, pero la Fiscalía no observa probado el delito que se le imputa.
Los agentes nunca fueron apartados del Cuerpo, tras la condena por un delito doloso de lesiones contra un miembro de la familia Mizzian, ocurrido en 2005. La condena quedó en suspenso.
En los próximos días se conocerá el fallo.
