“Tranquilo”, ha dicho el presidente Vivas que llegaba al Juzgado de Instrucción número 3 donde ha sido llamado a declarar este viernes en calidad de investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa. “No voy a hacer declaraciones”, le manifestaba el presidente del ejecutivo a la prensa, como tampoco lo han hecho el resto de los componentes de la mesa rectora de la Asamblea en el 2020- la vicepresidenta primera, Cristina Pérez y la exvicepresidenta segunda, Dunia Mohamed-, ni la secretaria general, María Dolores Pastilla, citadas ante la justicia por el misma causa.
Una cita judicial enfocada a conocer la causa por la que vulneraron los derechos fundamentales que como electos asistían a José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez cuando salieron del Grupo Parlamentario de Vox y pasaron a la condición de no adscritos.
Los dos diputados causaron baja en el Grupo Parlamentario de Vox "por discrepancias y por las formas de llevar la acción política" en la institución de ese partido el 27 de enero de 2020. Semanas más tarde, ya en febrero, solicitaron su incorporación a las Comisiones de la Asamblea y a los Consejos de Administración de las empresas municipales, donde Vox, pese a reducir su representación a cuatro diputados, continuaba votando con seis.
La inacción por parte de la administración ante la petición de los no adscritos les llevó a judicializar el asunto, mientras, presentaron nuevos escritos en los que se acogían al reglamento de la Asamblea donde se recoge que “cuando se produjese la separación de su Grupo de un diputado, habrá que revisar, en el plazo de quince días, la composición y la asignación de los o las miembros a las Comisiones y a los órganos rectores de los entes y empresas de la Ciudad”.
Sin embargo, se produjo cinco meses más tarde. Un periodo durante el que se les estuvo negando dicho derecho de participación, mientras en ellos Consejos se continuaba votando de forma ponderada, es decir, Vox seguía haciendo uso de sus votos.
El proceso judicial, entonces, se cerró al considerar el entonces titular que se trataba de un asunto “meramente político”. Sin embargo, un cambio de destino y un nuevo juez al frente han considerado la apertura del caso al encontrar indicios de que se pudieron vulnerar sus derechos fundamentales como electos.
Nada se sabe de los que ha sucedido durante la mañana de este viernes en el interior de las instancias judiciales. Lo único que sí se conoce, es que Cristina Díaz fue la única componente de la Mesa que remitió un escrito en tiempo y forma donde denunciaba el trato inadecuado que estaban recibiendo Rodríguez y Vázquez, y que puede posicionarse como prueba valedora para que la vicepresidenta primera deje de ser investigada.
Más complicado, se tercia para la secretaria general que deberá explicar porqué en su condición de funcionaria no aplicó las normas que rigen el reglamento, y se puede saldar con la inhabilitación de su puesto.
La investigación, además, podría incluir como investigado al diputado de Vox, Francisco José ‘Pachi’ Ruiz, que fue nombrado como vicepresidente primero del Gobierno durante todo este periodo, y por lo tanto también compuso la Mesa Rectora cuando los no adscritos remitieron constantes escritos reflejando el trato que estaban recibiendo. En este sentido, la defensa no descarta llamarlo a declarar.
