Señalan a Grande-Marlaska y a Sánchez por la devolución de menores en el caso Deu-Mateos
El que fuera jefe de gabinete de la ex delegada asegura que la situación con la entrada de migrantes en 2021 se vivió como una “marcha verde” y dice que Marruecos dio garantías “apabullantes” para la devolución de los jóvenes
La ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, se sentaron este martes en el banquillo al inicio del juicio contra ambas por la supuesta devolución en caliente de 55 menores marroquíes en agosto de 2021 sin realizar los procedimientos administrativos preceptivos. Por ello pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa. El primer testigo que pasó por sala, el jefe de gabinete de Mateos en aquel momento, Juan Hernández, señaló en su declaración al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Markaska, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsables de la decisión de enviar a los chavales de vuelta en virtud de un acuerdo con Marruecos, sin llevar a cabo una valoración individualizada de cada caso, como recoge la propia entente entre países.
El testigo defendió en todo momento la forma de operar tanto de la Delegación como de la Ciudad. Lo hizo dando a entender que entre los representantes del Ejecutivo Nacional en Ceuta y en el propio Gobierno de España se vivió la entrada de migrantes como una suerte de “marcha verde”.
Dada esa excepcionalidad y por “orden” -tanto por escrito como a través de una llamada telefónica- del “secretario de Estado”, quien habría recibido la indicación de parte de Grande-Marlaska, según el testimonio de Hernández, se planteó la repatriación de los jóvenes. En el texto fechado a 10 de agosto -sin membrete ni firma- se habría alentado a la Ciudad a interesar el reingreso de los jóvenes llegados en la entrada masiva de mayo de 2021, haciendo valer un acuerdo entre países que data de 2007.
En ese momento, y siempre según la versión de Hernández, organizaron una reunión al día siguiente en la frontera con Marruecos con un representante del Reino Alauita. A esta acudieron Deu y el propio jefe de gabinete y ahora testigo, además de otras figuras de la Delegación y la responsable de menores del Gobierno local, Toñi Palomo, la única que se mostró contraria al procedimiento que se pretendía llevar a cabo. Entonces y también en la sesión judicial que ha arrancado este martes (se ampliará su declaración en las próximas horas).
Allí comprobaron “el apabullante” despliegue de medios de Marruecos para asegurar que “los niños fueran devueltos con sus familias”. En ese punto, la fiscal, a través de sus preguntas, marcó la diferencia de criterios entre partes. Lo que para la defensa y para el testigo son garantías, “unos autobuses, personal sanitario y un centro de acogida”, no lo son para la acusación, que ve prevaricación, entendiendo que debió valorarse cada caso, preguntando a los jóvenes por su situación y su voluntad o no de volver a casa, generando expedientes individuales. Aunque todavía no ha sido motivo de discusión en el juicio, cabe recordar, que en aquellas fechas, la Ciudad había contratado y pagado a la ONG, Save The Children, para que agilizara los informes de cada menor, un trabajo que fue avanzando desde junio y que para mediados de verano había conseguido realizar entrevistas con algo más de 300 del millar largo de menores que tenía acogido Ceuta.
Finalmente, las entregas a Marruecos se realizaron, a pesar de la negativa de la responsable de menores de la Ciudad a lo largo de tres jornadas de aquel agosto de 2021.