La celebración hoy del Día de Ceuta apenas dará para una sencilla ceremonia de una hora de duración en el Teatro Auditorio Revellín. La fecha pasará desapercibida para los ceutíes, entre quienes apenas ha cuajado una cita del calendario que ni tan siquiera tiene carácter festivo. El pasado marzo, además, se cumplieron 20 años de la aprobación del Estatuto, una efemérides que no ha merecido ninguna conmemoración oficial.
La languidez con la que se festeja el Día de la Ciudad Autónoma es un reflejo de la parálisis de cualquier iniciativa orientada a actualizar o reinventar el texto del Estatuto otorgado a los ceutíes hace 20 años. La cerrada defensa del Partido Popular de la vigencia del Estatuto no es sino una más de las distintas sensibilidades que pueden rastrearse en el espectro político local, que van desde la necesidad defendida por los socialistas de allegar más competencias a la Ciudad hasta la apertura de la vía hacia una autonomía equiparable a las del resto del país, auspiciada por Caballas.
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Tres lustros de acuerdos plenarios
El viejo salón de plenos del Ayuntamiento fue durante casi dos décadas escenario de pronunciamientos y encendidos debates en torno al encaje de Ceuta en la organización territorial del Estado. Apenas tres años después de la entrada en vigor de la Constitución Española, el 28 de septiembre de 1981, la Corporación municipal, a propuesta los grupos municipales del PSOE y de la Agrupación Electoral Ceutí, planteaban una moción al pleno municipal para solicitar a las Cortes Generales la conversión de Ceuta en comunidad autónoma.
Aquella propuesta, obviamente desoída, dio paso el 5 de julio de 1984 a una segunda iniciativa, impulsada por el Centro Democrático y Social, para instar al Legislativo a agilizar los trámites que habrían de concluir con la constitución de la anhelada comunidad autónoma de Ceuta. Seis meses después, el plenario acordaba constituir una comisión integrada por concejales para conducir la reivindicación autonomista.
La petición se reiteraría a través de nuevos acuerdos plenarios en febrero y diciembre de 1985. Ya en febrero de 1986, la Corporación municipal aprobaba un denominado “manifiesto al pueblo de Ceuta” por el que el Ayuntamiento declaraba “solemnemente” su “vocación autonómica, respaldada por la Constitución Española” y exigía con “urgencia” la aprobación de un estatuto.
1987, 1988 y 1989 dejarían tras de sí nuevos pronunciamientos del pleno municipal. No fue hasta 1990 que las deliberaciones del pleno saltaron a la calle. En junio de aquel año, la Corporación promovía la convocatoria de una jornada de paro general y una solicitud al Gobierno central para la organización de una consulta popular. La pregunta que se pretendía plantear era: “¿Quiere usted para Ceuta un Estatuto de Autonomía que contemple capacidad legislativa?”.
También en ese año, y del mismo modo emanada del pleno, se impulsó una iniciativa para la encomienda al jurista Manuel Clavero Arévalo de un dictamen sobre la viabilidad de interponer una acción legal en defensa del derecho a la autonomía de Ceuta reconocido en la Constitución.
Toda esta sucesión de acuerdos se volvieron a reiterar en un pleno extraordinario de julio de 1991 con la aprobación de una moción que reclamaba, una vez más la autonomía plena para la ciudad.
En septiembre de 1994, apenas dos semanas después de que el Gobierno socialista de Felipe González pactara con el PP el texto del anteproyecto del que acabaría siendo el futuro Estatuto de Ceuta, el pleno volvía a reunirse. En esta ocasión, para rechazar el documento propuesto.
